Abogados penalistas y criminólogos cuestionaron que a 26 días de la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, aún se desconozca el paradero de los normalistas.

‘‘O están mintiendo a la sociedad o no les conviene decir que los jóvenes ya están muertos’’, aseguró el doctor en derecho penal Jesús Alberto Guerrero Rojas, quien añadió que si fuera cierto que los gobiernos federal y del estado de Guerrero no tienen hasta ahora un solo dato fehaciente sobre la ubicación de los jóvenes, ‘‘eso demostraría la total ineptitud de las instituciones’’.

A su vez, Jaime Rodríguez Manzanera, criminólogo con más de 30 años de experiencia, refirió que la Procuraduría General de la República (PGR) está obligada a hacer públicos los resultados de los peritajes efectuados a los cuerpos que fueron encontrados en varias fosas clandestinas, porque ‘‘ante la total ineficiencia de las autoridades estatales y federales, hasta ahora lo único claro es que a ninguna autoridad le creemos’’.

Felipe Rosales, experto en medicina forense y criminalística, dijo por su parte que en el caso Ayotzinapa pasó lo mismo que en el de la niña Paulette, donde alguien dijo una cosa, luego se desdijo y después informó todo lo contrario.

‘‘En el caso de los jóvenes normalistas, las autoridades federales y estatales han realizado una investigación pésima, amén de que su trabajo es susceptible de revisión. Si los primeros detenidos mintieron (al sostener que en las fosas clandestinas estaban los normalistas), no hay ninguna razón por la que no se les hubiera consignado por falsedad de declaración y obstrucción de la justicia, o de lo contrario, las autoridades serán encubridoras’’, refirió Rosales.

Jesús Murillo Karam, titular de PGR, informó ayer que en breve el alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa serán acusados penalmente del delito de desaparición forzada de personas, el cual es de alta penalidad y grave.

El funcionario dio a conocer que, con base en testimonios de Sidronio Casarrubias, líder de la organización criminal Guerreros Unidos, y de agentes policiacos, se ha logrado establecer que los estudiantes fueron secuestrados y entregados al grupo delictivo para disuadirlos de un posible ‘‘sabotaje’’ al informe de labores que ese día rendiría Pineda Villa, en ese entonces directora del DIF municipal.

Sobre esa información, el penalista Jesús Alberto Guerrero Rojas dijo que es ‘‘simplemente absurdo que a estas alturas nos salgan con que apenas se enteraron de esto: lo sabían desde un principio y queda claro que lo estuvieron ocultando’’.