l próximo fin de semana se cumple un mes de la agresión de sicarios y policías de Iguala, Guerrero, contra estudiantes normalistas. Ante el hecho de que hasta ayer no existían datos acerca del destino de los 43 jóvenes, el comité estudiantil de la Normal Rural de Ayotzinapa exigió al gobierno que informe sobre el paradero de sus compañeros desaparecidos el pasado día 26. Es evidente que la falta de información concreta está incrementando la indignación en el país, además de que fortalece la credibilidad de la denuncia del sacerdote Alejandro Solalinde, de que el gobierno ya sabe que los desaparecidos fueron asesinados y su tardanza en informar obedece a que está diseñando una narrativa para minimizar los costos políticos.

El ultimátum de los normalistas puede ser el inicio de una nueva fase de su lucha para fortalecer su demanda de que aparezcan con vida sus compañeros y que renuncien el gobernador Ángel Aguirre Rivero y las autoridades municipales, sobre las que existen sospechas fundadas de que tienen vínculos con grupos del crimen organizado.

El aumento de las tensiones en Guerrero vendrá acompañado de la ampliación del movimiento nacional que se ha levantado en solidaridad con los normalistas y por un mayor nivel de organización. El paro nacional convocado por una asamblea de representantes de numerosas instituciones educativas para el próximo miércoles será una oportunidad para que los estudiantes, entre ellos los de la Universidad Autónoma de Zacatecas, intensifiquen su trabajo de información y consoliden sus métodos de toma de decisiones y su organización, a fin de estar mejor preparados para una lucha que puede ser larga y complicada. Es posible también que éste sea el momento en que se involucren magisterio, sindicatos universitarios y demás instituciones educativas.

La élite del poder se enfrenta a una situación que deteriora su hegemonía, porque millones de mexicanos ya tomaron conciencia de que las instituciones estatales han sido desnaturalizadas, y Zacatecas no queda fuera de este contexto.