ara nadie es un secreto que el salario mínimo real de México ocupa el último lugar latinoamericano. Sin embargo, más allá de la grilla electorera y el jaloneo político por inexistentes iniciativas sobre el tema (el gobierno federal y el PAN presumieron que cada cual tenía la suya, pero nadie las conoce), a la clase política le tienen sin cuidado las espeluznantes consecuencias económicas y sociales de tan miserable ingreso.

De hecho, la Cepal advierte que en el contexto latinoamericano sólo un país ha retrocedido, de forma por demás dramática y contundente, en lo que a salario mínimo real se refiere. Y (¡sorpresa!) ese privilegio corresponde a México, donde –también en exclusiva en el ámbito regional– el mini ingreso es inferior al del umbral de pobreza per cápita, de tal suerte que no permite siquiera cubrir las necesidades básicas, como lo marca la Constitución.

Oficialmente, el actual salario mínimo nominal (promedio en el país) es de 65.58 pesos, que de cualquier suerte no sirven para nada. Pero si se considera la pérdida acumulada de poder adquisitivo, esa cantidad en realidad se reduce a poco más de 13 pesos. ¿Quién sobrevive con esa miseria? Aunque parezca increíble, 67 por ciento de los mexicanos ocupados, quienes obtienen de cero a tres mini ingresos, lo que en los mejor de los casos –el más elevado– equivale, en términos reales, a 40 pesos, aproximadamente, algo así como el precio de menos de cuatro kilogramos de tortilla.

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, promueve su estrategia para aumentar el salario mínimo de 67.29 a 82.86 pesos en 2015 y elevarlo gradualmente a 171 pesos al finalizar su sexenio. La idea original fue que el incremento se diera en toda la República, pero ante la falta de respuesta del gobierno federal y la cúpula empresarial, todo indica que tal acción se circunscribiría a la capital del país.

Corrijo. En realidad sí hubo un par de respuestas del gobierno y los empresarios, vergonzantes ambas, como acostumbran, pero respuestas al final de cuentas: la primera, por parte de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), organismo tripartito (léase tres tristes tigres: gobierno, empresarios y líderes obreros) que unánimemente decidió crear una comisión consultiva para la recuperación gradual y sostenida de los salarios mínimos generales y profesionales, cuyo análisis se conocería de aquí a seis meses, lo que en castellano simple quiere decir que para 2015 el mini ingreso sólo aumentará de acuerdo con la inflación oficial, en el mejor de los casos (léase poco más de dos pesos).

Y dos: el histórico pronunciamiento de gobierno, empresarios y líderes obreros (con la brillante participación del secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida), en el sentido de que no se aumentarán los salarios en tanto no se incremente sustancialmente la productividad. Y los que más empujaron para alcanzar tal consenso fueron los autodenominados y siempre combativos líderes obreros. Sólo faltó que los empresarios asumieran que no obtendrían utilidades hasta que ellos mismos elevaran sustancialmente su productividad.

En agosto pasado, al inaugurar el foro internacional salarios mínimos, empleo, desigualdad y crecimiento económico, organizado por el Gobierno del Distrito Federal, Mancera aseguró que existe la convicción necesaria para construir una política pública de salario mínimo bien pensada, estructurada y con toda responsabilidad, pues en este renglón hay un rezago de 35 años, lo cual ha llevado a una pérdida de alrededor de 77 por ciento del poder adquisitivo; es decir, ahora sólo podemos adquirir 23 por ciento de lo que se podía comprar en los años 70. Y la clase político-empresarial fingió demencia, se lavó las manos y volteó para otro lado.

Como bien ha documentado el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, si se mantiene la política salarial de los últimos 32 años (y en todo esto la dupla Banco de México- Conasami ha sido pieza fundamental), con un incremento anual tope de 4 por ciento se necesitarían 47 años para que un trabajador de salario mínimo pudiera comprar una Canasta Alimentaria Recomendable completa, suponiendo que los precios de los alimentos no aumentarían absolutamente nada en el mismo periodo. Del gobierno de Miguel de la Madrid al actual el precio de la Canasta Alimenticia Recomendable se incrementó 4 mil 600 por ciento, mientras el salario mínimo lo hizo en 940 pesos, una diferencia cercana a cinco tantos en detrimento del mini ingreso.

El jefe de Gobierno ha dicho que el aumento al salario mínimo en la proporción descrita no sólo es necesario sino perfectamente factible. El incremento, en números cerrados, de 67 a casi 83 pesos (22 por ciento de incremento) y de allí a 171 pesos al cierre de 2018 fortalecería el poder de compra de millones de trabajadores, lo que mejoraría su nivel de vida y, de pasadita, al mercado interno, con su positivo efecto sobre la economía. Y paralela a esa decisión está la de desvincular al mini ingreso como simple factor a la hora de cobrar multas, servicios y conexos. De hecho, ayer participó en un foro en el Senado de la República, y para mayores datos refirió que el país arrastra 40 años de rezago salarial.

En fin, mientras los demás voltean para otro lado, la iniciativa de Mancera sigue su curso, y en este sentido ayer el jefe de Gobierno propuso a la Asamblea Legislativa dos acciones: crear una Unidad de Cuenta de la ciudad de México (UCDMX), cuyo valor inicial sería de 67.29 pesos y se actualizaría con base en la inflación estimada por el Banco de México para el año siguiente, y además liberar el salario mínimo de su papel de referencia en decenas de códigos y leyes locales (La Jornada, Bertha Teresa Ramírez).

Con ello, el mini ingreso quedaría legal y perfectamente desvinculado como factor aplicable al cobro de multas, tarifas, servicios y conexos, y se libera el concepto de salario mínimo para que en diciembre pueda iniciar una trayectoria de recuperación, de forma responsable y sin generar inflación.

Las rebanadas del pastel

Luis Téllez, conocido como el Tarzán del presupuesto (por aquello de que va de liana en liana, y no suelta una hasta agarrar la otra), anunció que a partir del primer día de 2015 dejará la Bolsa Mexicana de Valores, en la que se desempeña como presidente del consejo de administración y director general, para dedicarse a nuevos proyectos, que no son otros que los ligados al Fondo Mexicano del Petróleo, en el que participará como (no es chiste) consejero independiente.

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