Buenos Aires 21 de octubre

Entre los factores externos que incidieron en el terrorismo de Estado, aplicado por la pasada dictadura militar en Argentina (1976-1983) un fiscal investiga los lazos del terror con las reformas económicas y las relaciones cómplices de algunos organismo internacionales y gobiernos.

El fiscal Federico Delgado intenta establecer la complicidad Institucional del Fondo Monetario Internacional (FMI) con las políticas económicas impuestas en el marco del terrorismo de Estado, bajo gobiernos de facto.

En este caso la investigación de una serie de documentos desclasificados evidencian la influencia de Estados Unidos, en los programas implantados sobre la voluntad del pueblo argentino.

En términos generales es sobre la responsabilidad del FMI l en el proceso de endeudamiento de Argentina durante la última dictadura, y se deberá probar la relación entre funcionarios locales y los del FMI.

El fiscal tiene en sus manos una serie de documentos de la cancillería argentina sobre una serie de negociaciones entre la dictadura y el gobierno de Estados Unidos, pautadas por un decreto de 1976.

El gobierno de facto creó comisiones asesoras honorarias para solucionar diferendos entre el Estado y empresas privadas, nacionales y extranjeras, conformadas por representantes de los ministerios de Economía y de Trabajo, de las tres fuerzas armadas y de un funcionario si se traba de empresas extranjeras.

A la hora de ordenar la economía los litigios escapaban del sistema judicial y la autonomía de la voluntad privada y fugaban hacia la esfera de la administración, señala Delgado.

“Esto revela con nitidez que mientras el terror azotaba la subjetividad de los argentinos ‘hacia adentro’, ‘hacia afuera’ se privilegiaba captar los nuevos vientos de la relación social capitalista que mutaba de su faz industrial a la financiera”, añade.

El mismo fiscal ha sugerido que sea la Oficina de Coordinación de Políticas de Derechos Humanos, Memoria, Verdad y Justicia, con intervención del Banco Central y la representación argentina ante el FMI, las entidades que participen en la investigación.

Fue la ex legisladora Patricia Walsh quien presentó hace tiempo una denuncia que estaba basada en la investigación sobre la ilegalidad de la deuda externa, incrementada sustancialmente bajo la dictadura, que realizó el abogado Alejandro Olmos para iniciar la causa que concluyó reconociendo esta ilegalidad.

Los documentos revelan también los enfrentamientos entre el gobierno dictatorial de Argentina y la administración del presidente Jimmy Carter, que cuestionaba las graves noticias sobre la violación sistemática de los derechos humanos. Pero también se alude a otro sector de la administración que, guiado por la razón instrumental, buscaba remover los obstáculos legales que impedían formalizar la compra de armas por parte de la dictadura argentina, ya que una enmienda estadunidense prohibía venderlas a gobiernos que violaran los derechos humanos.

El gobierno español y los represores

Medios locales publicaron parte de un informe sobre archivos confidenciales del gobierno de España, que financió a la dictadura con contratos económicos millonarios. Estos archivos citados por Tiempo Argentino fueron divulgados por el periódico español Público y dan detalles de negociaciones entre funcionarios argentinos –entre ellos el ya condenado por diversos delitos ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz- y el rey Juan Carlos, y altos funcionarios del gobierno de Adolfo Suárez y banqueros como Emilio Botín, del Santander.

El gobierno de Suárez “no vaciló en firmar acuerdos económicos que dieron aire al gobierno del dictador Jorge Rafael Videla, cuyo plan de exterminio resultaba sumamente costoso (se calcula que, sólo en 1976, la represión costó unos 400 millones de dólares), señala el periódico Tiempo Argentino.

Los documentos son claros en señalar que el rey Juan Carlos, quien dejó el trono este año facilitó esos protocolos de cooperación comercial y financiera.

El 1° de julio de 1976, cuatro meses después de comenzado el gobierno de facto, el monarca recibió en su despacho al embajador de Videla en Madrid, el general Leandro Enrique Anaya y de acuerdo al informe reservado que elaboró el diplomático, el rey tuvo expresiones de beneplácito por el éxito con que nuestro gobierno está afrontando los problemas económicos coyunturales que éste vive y se ofreció a recibir generosamente al ministro de Economía de la dictadura, Martínez de Hoz.

Sólo cuatro días después de la reunión con el embajador, Argentina anunciaba un convenio para retomar la venta de carne a España, que había estado paralizada durante seis años lo que implicaba en principio la venta de cuatro mil toneladas para el mercado español, por unos 3 millones 800 mil dólares.

Martínez de Hoz llegó a España el 22 de julio de 1976, pocas semanas después de firmado el acuerdo y estuvo con los funcionarios más importantes, el rey Juan Carlos y el gobernador del Banco de España, Luis Coronel de Palma, con el banquero Alfonso Escámez, quien presidía el desaparecido Banco Central, al cual le prometió que le devolvería la sucursal que había sido expropiada por el gobierno de Héctor Cámpora, en 1973.

La junta militar también mantuvo contactos con el dueño del banco Santander, Emilio Botín (padre), a quien también prometió devolverle las dos filiales expropiadas también por Cámpora.

Botín consideró que después de los recientes acontecimientos políticos acaecidos en aquel país (el golpe militar en Argentina), tenemos fundadas esperanzas de que se volverá a la prosperidad del pasado, pudiendo asegurar que nuestra organización allí, que incluye cerca de 500 empleados y nueve sucursales, está plenamente preparada para participar en el resurgimiento de aquella gran nación.

Los documentos indican que los representantes de ambos países volvieron a encontrarse el 1° de diciembre de 1976, en Buenos Aires, comenzando las conversaciones secretas entre Martínez de Hoz y el ministro de Comercio español, José Lladó, designado por el presidente Adolfo Suárez para negociar un millonario acuerdo con la dictadura militar argentina, que culminó con un documento conjunto, en el que se comprometían a poner en práctica un programa de cooperación económica y financiera por el cual España haría fuertes ventas de equipos diversos , barcos de características especiales, plantas industriales” por un valor global de 290 millones de dólares y para facilitar esto el Banco Exterior de España se comprometió a establecer una línea especial de crédito para amparar compras argentinas por un valor máximo de 150 millones de dólares. Como revelan los documentos secretos el comercio global (en ese período de terror en Argentina) pasó de 14.7 millones de dólares en 1961 a más de 400 millones en 1977, un crecimiento anual promedio de 23.8 por ciento.