El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan N. Silva Meza, admitió a trámite la solicitud de consulta popular presentada por el Movimiento Regeneración Popular (Morena) en contra de la reforma energética que permite el ingreso de capital privado, nacional y extranjero en la industria petrolera.

De acuerdo con fuentes judiciales, la demanda de Morena para que la Corte valide la realización de la consulta fue turnada a la ministra decana Olga Sánchez Cordero, quien será la encargada de elaborar el proyecto correspondiente, el cual deberá ser resuelto por el pleno en un plazo máximo de 20 días naturales.

Trascendió que el pasado viernes Silva Meza admitió a trámite el documento que le envió la Cámara de Diputados –en el que se da cuenta de que el Instituto Nacional Electoral (INE) validó las firmas necesarias para continuar con la solicitud de la consulta popular–, por lo que se espera que la próxima semana Sánchez Cordero concluya su proyecto y lo distribuya entre sus compañeros, a fin de que la Corte resuelva la petición en la primera semana de noviembre.

Los funcionarios consultados explicaron que el proyecto que presentará Sánchez Cordero contendrá un análisis de constitucionalidad, del cual dependerá si la Corte avala la demanda, que tendrá como base lo dispuesto en la Constitución y en la Ley Federal de Consultas Populares, las cuales precisan cuándo procede este ejercicio ciudadano.

Según la norma vigente, la consulta popular no puede versar sobre restricciones a derechos humanos o principios contenidos en el artículo 40 constitucional, materia electoral, ingresos y gastos del Estado y seguridad nacional.

La Suprema Corte puede modificar los términos de la consulta planteada. La de Morena contiene la siguiente pregunta: ¿Estás de acuerdo o no en que se otorguen contratos o concesiones a particulares, nacionales o extranjeros para la exploración del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica?

Los ministros determinarán si la consulta planteada por la organización que encabeza Andrés Manuel López Obrador cumple con el requisito legal de impactar en la mayor parte del territorio nacional; impactar en parte significativa de la población; crear, modificar o eliminar políticas públicas o legislación conforme a los dos criterios anteriores.

Si la mayoría avala la constitucionalidad de la consulta, revisará que la pregunta hecha por Morena derive directamente en la materia de la consulta; no sea tendenciosa o contenga juicios de valor; emplee lenguaje neutro, sencillo y comprensible, y produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo.

El pleno podrá modificar la interrogante para garantizar que ésta sea congruente con la materia de la consulta. Una vez que la Corte defina la pregunta, ésta no podrá ser modificada por el Congreso, el cual sería el encargado de emitir la convocatoria para la consulta popular y dar aviso al INE para que organice su realización.

La Ley Federal de Consulta Popular prevé que para que la consulta tenga efecto vinculatorio deberán participar más de 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.