Los casos de corrupción deben ser sancionados sin importar al partido político al que pertenezcan, sostuvo el líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, al presentar la propuesta del blanquiazul de crear un sistema nacional anticorrupción. Agregó que es responsabilidad de todos el alarmante nivel de corrupción del país y de todos depende la solución.

Acompañado de los coordinadores de la Cámara de Diputados, José Isabel Trejo, y del Senado, Jorge Luis Preciado, y otros legisladores, se le cuestionó sobre presuntos actos de corrupción en los que estarían involucrados panistas –como el mismo Preciado–, en los llamados moches o el uso de recursos públicos en fiestas, además de que los indicadores no mejoraron en los dos últimos sexenios panistas. Anaya respondió que sobre asuntos de corrupción interna somos los primeros comprometidos en presentar un frente contra la corrupción y consideró que el problema es estructural.

Apuntó que el sistema actual anticorrupción no funciona, se salen con la suya, por lo que se propone una reforma integral para acabar con el problema, y confió en que el resto de las fuerzas políticas reciban bien el planteamiento.

Detalló que el costo de la corrupción representa 9 por ciento del producto interno bruto, lo que equivale a 1.5 billones de pesos al año, 45 veces el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además los hogares destinan 32 mil millones de pesos al pago de sobornos para realizar trámites. Indicó que los hogares pobres gastan 25 por ciento de sus ingresos para ese fin y el país ocupa el lugar 106 de 177 en nivel de corrupción.

Acción penal y sanciones

La propuesta panista que se entregará esta semana al Congreso de la Unión contempla la creación de una fiscalía especializada de combate a la corrupción que pueda ejercer acción penal y sanciones para que se castigue a quienes cometan corrupción. Además, modificar las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para una vigilancia más estricta del ejercicio del gasto público.

También plantea la instauración de un consejo nacional en el que participen todos los órganos públicos y un comité ciudadano para la ética pública. Para el control interno del gobierno, se propone el fortalecimiento de la Secretaría de la Función Pública.

Anaya agregó que se propone retirar la facultad de sanción a las contralorías que dependen de los presidentes municipales, gobernadores y presidente de la República, proponemos otorgar las facultades de sanción a los jueces en materia penal (ante acusaciones de la fiscalía) y en materia administrativa, al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y transformar a éste en un Tribunal Federal de Cuentas.

También se refirió a que esta semana estará listo el documento que elaboran con PRI y PRD para entregarlo al gobierno federal con propuestas concretas para blindar el proceso electoral.