El representante adjunto en México del alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios, informó a la Cámara de Diputados que en las primeras 72 horas del asesinato y desaparición de estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, se configuraron los elementos suficientes para determinar su desaparición forzada, pero el Estado mexicano no aplicó los protocolos para su búsqueda.

Indicó que los protocolos internacionales –establecidos en los tratados que México ha suscrito– no fueron aplicados en la exhumación de los cadáveres encontrados en las fosas clandestinas de Iguala, por lo que, cualquiera que sea el resultado de esa investigación, no será creíble.

Peña Palacios, informaron los legisladores con los que se entrevistó, aseguró que en el caso de Ayotzinapa ocurrió una grave violación de derechos humanos.

Durante una reunión privada, anoche, con la comisión especial de la Cámara de Dipuatdos que investiga el asesinato y desaparición de normalistas, explicó que para determinar la desaparición forzada se deben cumplir tres elementos: la privación de la libertad; que ésta ocurra a manos de una autoridad –y en este caso se presume la intervención de la policía municipal–, y la negación del paradero de las víctimas.

Los diputados federales explicaron que en el encuentro Peña Palacios refirió que estos tres elementos ya se habían cumplido en las primeras 72 horas de la desaparición de los 43 normalistas, y que la autoridad no actuó con celeridad.

Por qué no se actuó

Recomendó a la comisión investigar por qué el Ejército y la policía estatal no defendieron a los jóvenes, cuando en el centro de Iguala se encuentra el 27 batallón de infantería, y el gobierno de Ángel Aguirre supo de la agresión al momento en que ocurría.

El vicecoordinador de Movimiento Ciudadano e integrante de la comisión especial, Ricardo Mejía, resaltó que la definición del relator adjunto contrasta con la conclusión que la semana pasada les presentó el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien les habló de una privación ilegal de la libertad.

Señaló que al constituirse la figura de desaparición forzada, se trata de un delito de carácter federal, además de otros que se cometieron durante el asesinato de normalistas y civiles, con la participación de elementos del Estado mexicano, en este caso los policías de Iguala, que estaban bajo el mando del alcalde con licencia, José Luis Abarca.

Refirió que durante la reunión también se abordó la posible omisión del Ejército mexicano para evitar la agresión contra los jóvenes. Esto porque, explicó, los elementos del 27 batallón no respondieron al llamado de auxilio que hicieron algunos normalistas cuando eran perseguidos.

Senadores analizarán hoy la desaparición de poderes en Guerrero; sería inconstitucional: PRI

Víctor Ballinas y Angélica Enciso

La Comisión de Gobernación del Senado sesionará este martes para analizar la desaparición de poderes en Guerrero, como solicitó el pasado jueves la bancada del PAN tras la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y la vinculación del edil con licencia de Iguala, José Luis Abarca, con el crimen organizado.

Posteriormente el tema será discutido en el pleno.

El coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, se reunió ayer por la mañana con integrantes de su bancada para analizar la situación en Guerrero, así como las posibles soluciones.

Senadores del tricolor que pidieron no ser citados manifestaron al término de ese encuentro que sería inconstitucional desaparecer poderes en Guerrero. Se analizan otras opciones; una de ellas podría ser que el mandatario estatal, Ángel Heladio Aguirre Rivero, solicite licencia al cargo.

El presidente del Senado, el perredista Miguel Barbosa, consideró que el procedimiento para la desaparición de poderes, como está establecido en la Carta Magna y en la ley secundaria, es contradictorio.

Barbosa añadió: mi opinión jurídica, como coordinador y como presidente del Senado, es que declarar la desaparición de poderes, con las leyes vigentes, generaría un choque institucional que provocaría mayor ingobernabilidad.

Al recordarle que los poderes Legislativo y Judicial de Guerrero ya respondieron los oficios que les envió la Comisión de Gobernación, donde manifiestan que están instalados y funcionando, se le cuestionó: Entonces ¿qué va a resolver el Senado? Barbosa respondió: Si están instalados y funcionando, la declaración de que han desaparecido no es procedente.

Después de recibir la información de que los poderes Legislativo y Judicial del estado trabajan normalmente, el Senado se perfila en la sesión de este martes a desechar la solicitud del PAN.

Sin embargo, anoche las bancadas negociaban incluir en el resolutivo un exhorto al gobernador, Ángel Aguirre Rivero, para que solicite licencia al cargo.

Por su parte, el PAN, en voz de su líder nacional, Ricardo Anaya, señaló que el caso de los normalistas de Ayotzinapa no debe partidizarse; es un hecho delicado y tampoco se debe lucrar políticamente.

Anaya apuntó que la responsabilidad del hallazgo de los jóvenes es de los tres niveles de gobierno, y para el blanquiazul es la prioridad.

Aseguró que cada vez son más los ciudadanos que piden la separación de gobernador Ángel Aguirre, y de acuerdo con la Constitución, esto se dará en el Senado.