na narcomanta de dos metros de largo fue encontrada en la madrugada del 16 de octubre. Apareció en la barda posterior de la escuela secundaria número tres en Iguala, Guerrero, a menos de un kilómetro del 27 batallón de infantería. En ella, en un mensaje escrito con letra de molde en pintura roja y negra, El Choky solicita justicia al presidente Peña Nieto. De paso, denuncia, con nombres, apellidos y seudónimos, a los responsables del asesinato y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

El Choky fue señalado en días pasados por el fiscal general del estado, Iñaky Blanco, como jefe de sicarios de Guerreros Unidos, y responsable de ordenar la matanza y desaparición de los jóvenes el pasado 26 de septiembre, tras el ataque contra ellos de policías y sicarios.

La lista de los asociados al grupo delincuencial delatados en la manta es larga: ocho alcaldes, directores de Seguridad Pública, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y distintos personajes. Según el denunciante, éstas son las gentes que el gobierno deja andar libres y cometiendo tanto delito contra la población. Finalmente aclara: No toda la culpa la tengo yo. Firma: “Atte: Choky”.

El clima delincuencial denunciado por el narcomensaje no es exclusivo de Iguala y de siete alcaldías de la Tierra Caliente. El tipo de relación entre el edil José Luis Abarca, su policía local y el crimen organizado, puesto al descubierto con la masacre del pasado 26 de septiembre, está presente en muchos municipios de Guerrero. Se trata de una relación que involucra también a importantes políticos locales, legisladores estatales y federales, dirigentes partidarios, jefes de la policía y mandos militares. Es por ello que podemos caracterizar al régimen político existente en la entidad como un narcoestado.

Denuncias como la del Choky corren de boca en boca entre los guerrerenses. Empresarios, dirigentes sociales y periodistas han documentado este nexo. Parte de la prensa local y la nacional los ha publicado. En algunos casos, como en Iguala con el asesinato de los tres dirigentes de la Unión Popular, incluso se han presentado acusaciones formales ante las autoridades correspondientes. Todo ha sido en balde.

Quienes han alertado sobre la extensión y profundidad de la narcopolítica en la entidad han sido eliminados y amenazados. Cuando el empresario Pioquinto Damián Huato, líder de la Canaco en Chilpancigo, acusó a a Mario Moreno, alcalde de la ciudad, de tener vínculos con el grupo delincuencial Los Rojos, fue víctima de un atentado en el que murió su nuera y quedó herido su hijo.

Invariablemente los políticos señalados han negado las acusaciones y las han explicado como resultado de rencillas políticas, que ellos no son responsables del comportamiento de sus familiares o amigos. Han dicho que las autoridades deben investigarlos y que están en la mejor disposición de aclarar las cosas. Pero nada se ha hecho. El pacto de impunidad que blinda a la clase política ha actuado entrado una y otra vez.

Según el obispo Raúl Vera, quien estuvo al frente de la diócesis de Ciudad Altamirano entre 1988 y 1995, la impunidad es la característica más lacerante de Guerrero y su desafío más importante. Su extensión y persistencia –señala– alienta el crimen y la violación de los derechos humanos y la dignidad.

Pero la violencia no es sólo asunto de disputas entre grupos político-delincuenciales por centros de producción, rutas y plazas. Es también resultado de la decisión de los poderes fácticos de deshacerse de líderes sociales opositores y de la protección que desde el poder se les brinda a quienes los liquidan o desaparecen.

Las víctimas de desaparición forzada y de ejecuciones extrajudiciales durante el gobierno de Ángel Aguire son múltiples. La relación de asesinados y detenidos-desaparecidos durante su administración es enorme.

Entre otros muchos, forman parte de ella los ecologistas Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle. Los normalistas Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría. Los dirigentes de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata, Raymundo Velázquez y Samuel Vargas. La ambientalista Juventina Villa y a su hijo Reynaldo Santana. El síndico de Iguala, Justino Carbajal. Los integrantes de la Unión Popular Arturo Hernández, Rafael Banderas y Ángel Román. Rocío Mesino, que estaba al frente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur. Los campesinos Juan Lucena y José Luis Sotelo, promotores de una autodefensa en Atoyac. Los organizadores campesinos José Luis Olivares Enríquez y Ana Lilia Gatica Rómulo.

La narcopolítica no es asunto exclusivo del viejo PRI. Integrantes de varias corrientes en el PRD han sido señalados como parte de ella. De manera reiterada, el miembro de Nueva Izquierda y presidente del Congreso estatal, Bernardo Ortega, ha sido señalado como jefe del grupo Los Ardillos. Su padre estuvo preso por el asesinato de dos agentes del AFI y fue ejecutado al salir libre.

Servando Gómez, La Tuta, reveló en un video que Crescencio Reyes Torres, hermano de Carlos, líder del sol azteca en la entidad y parte del Grupo Guerrero, dirigido por David Jímenez, es uno de los principales dueños de laboratorios para la fabricación de drogas sintéticas, aliado del cártel Jalisco Nueva Generación.

Al mismo gobernador Aguirre se le ha relacionado reiteradamente con el cártel Independiente de Acapulco. De su líder Víctor Aguirre se dice que es primo del mandatario. Por supuesto, tanto el gobernador como el resto de los acusados han rechazado enfánticamente cualquier nexo con grupos delincuenciales.

Pese a la multitud de denuncias contra ediles y funcionarios en la entidad, los arrestos han sido escasos. Feliciano Álvarez Mesino, alcalde de Cuetzala del Progreso, fue detenido por secuestro y delincuencia organizada. Él se reivindicaba como parte del Grupo Guerrero. El oficial mayor de Chilapa, el priísta Vicente Jiménez Aranda, fue apresado por secuestro.

El asesinato y desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa ha destapado la cloaca de la narcopolítica guerrerense. Falta ver si la pueden volver a tapar.

Twitter: @lhan55