La reforma en materia de salud impulsada por Enrique Peña Nieto está orientada entregar recursos públicos a empresas y aseguradoras privadas y con ello acelerar la privatización de las instituciones de seguridad social. En el fondo, los cambios al artículo 4 constitucional implican que el Estado mexicano abandone su responsabilidad de cuidar la salud de la población.

La Alianza de Trabajadores de la Salud anunció una serie de movilizaciones contra esta reforma y para exigir el mejoramiento del servicio de las instituciones públicas de salud.

En conferencia de prensa, José Antonio Vital Galicia, coordinador de la alianza, señaló que esta reforma profundiza la desigualdad social y mercantiliza el derecho a la salud. No es casualidad, dijo, que desde hace varios años exista desde el gobierno una política de desmantelamiento de las instituciones públicas de seguridad social, que se ha acrecentado en meses recientes con una campaña que destaca carencias y deficiencias del sistema de salud y la escasez de insumos y medicamentos, y señala a los trabajadores como responsables de la mala atención, cuando en realidad se trata de negligencia institucional.

El médico Vital Galicia anunció que el 23 de octubre, en la jornada nacional por el mejoramiento de los servicios públicos de salud, trabajadores de las tres principales instituciones se reunirán a las 16 horas en las oficinas centrales del Issste, en la Plaza de la República, para marchar al IMSS y concluir en la Secretaría de Salud.

Dijo que los trabajadores y organizaciones sociales han avanzado en un proyecto alternativo que busca reconstruir la seguridad social recuperando los principios que le dieron origen en México. Además, es prioritario combatir el cáncer de la corrupción.

Precisó que aun cuando la reforma señala que se creará un sistema único de salud que garantizará a toda la población el acceso efectivo a los servicios, lo que está oculto es que se pretende universalizar las instituciones con base en el reducido paquete de 285 acciones del Seguro Popular, dejando de lado la atención integral de todas las enfermedades. Aquí entran las aseguradoras, pues los derechohabientes deberán realizar los copagos de los servicios que no cubra el paquete básico de las instituciones públicas. Es un sistema similar al de Estados Unidos, que es uno de los más caros, desiguales e ineficientes del mundo, dijo.