En medio de la crisis de inseguridad que enfrentan varios estados del país, el gobierno federal promete reactivar dos amplias bases de datos cuya construcción se inició en los sexenios panistas.

Una es la cédula de identidad para 120 millones de habitantes. La otra, el registro de casi 30 millones de vehículos.

Del primer programa el gobierno anterior levantó registros biométricos de poco más de seis millones de niños. Con base en ello entregó 3.5 millones de tarjetas.

El plan para expedir cédulas a 26 millones de menores de edad comenzó en 2010 como acción para combatir el crimen, específicamente el secuestro y la suplantación de identidad. Dos años después se habían gastado del erario para ese fin más de 3 mil millones de pesos.

El gobierno de Enrique Peña Nieto no ha detallado la forma en que reanudará ese programa, sólo prometió el mes pasado revisar los caminos para dar un documento de identidad oficial, con datos biométricos y respaldado por un registro nacional, a los 119 millones de habitantes del país (según datos del Consejo Nacional de Población).

Por lo pronto, los mexicanos sólo tienen la clave única de registro de población, en la cual, admite la Secretaría de Gobernación (SG), hay inconsistencias. Específicamente, en la información contenida en la base de datos, porque la población nacional es menor a 120 millones y la base tiene 177 millones de registros.

En cuanto al banco de datos de vehículos, cifras de la SG indican que de 28.8 millones de automóviles que hay en el país, sólo están inscritos 7.1 millones.

Crear la estructura para un eficiente rastreo de vehículos significaría un gasto multimillonario. Pese a que poco más de la mitad de los coches robados son recuperados, persiste un alto rezago operativo para ubicarlos.

Conformar un registro eficiente para ubicar la existencia, características y localización en tiempo real de vehículos requiere por lo menos 355 módulos de engomado y 251 arcos de lectura de éstos. Actualmente sólo existen 68 y 49, respectivamente. Cada artefacto cuesta alrededor de 400 mil pesos.

El registro debería tener todos los datos, movimientos e incidencias, desde el armado del vehículo hasta su destrucción, pasando por compras, ventas, robos e infracciones.

El registro de vehículos es uno de los 17 programas del Consejo Nacional de Seguridad Pública y es considerado prioritario. Fue creado en septiembre de 2004; sin embargo, empezó a crecer en marzo de 2008, afirmó Jorge Carlos Hurtado, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dependiente de la SG.

Ha faltado, agregó, promoción y mayor impulso, por lo cual atender ese rezago es un objetivo para el año entrante.