n corrillos políticos se da como hecho inminente, quizá cuestión de días, horas incluso, la renuncia del gobernador Ángel Aguirre Rivero a consecuencia de la crisis originada por la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, a quienes la policía municipal del Iguala detuvo la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre.

A estas alturas, la emergencia de derechos humanos (seis muertos, una veintena de heridos y 43 desaparecidos en cuatro horas) se ha convertido también en una crisis política de dimensiones inéditas que muestra las ligas de los tres niveles de gobierno con el crimen organizado, por acción o por omisión, lo que tiene en jaque al gobierno del estado y al federal bajo escrutinio internacional.

¿Cuánto tiempo más podrá resistir Ángel Aguirre las presiones externas? Es el gobernante que ha llegado al cargo con la mayor votación en la historia del estado, y es indudablemente un hábil operador político, como lo demuestra haberse mantenido tres semanas, pero es la parte más delgada del hilo.

Para muchos, la salida de Aguirre ayudaría a aliviar la tensión. Para otros, en cambio, no solucionaría nada, pues los normalistas siguen sin aparecer, que es lo importante, y con su renuncia se omite la responsabilidad del gobierno federal en la negligencia o complicidad que permitió operar al alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, cuando todo mundo sabía –y la Procuraduría General de la República de manera oficial– de sus vínculos con el crimen organizado.

La moneda sigue en el aire, y mientras continúan los jaloneos entre quienes quieren que Aguirre se vaya y él, que no se muestra dispuesto a irse, los normalistas siguen sin aparecer, las fosas continúan abiertas y la búsqueda avanza lenta y con más obstáculos que diligencia.

Así que en los días que siguen habrá más movilizaciones, paros, bloqueos, clamor por el regreso con vida de los estudiantes, en Guerrero, en México, en el mundo.