Mazatlán, Sin., 19 de octubre.

El diputado priísta José Felipe Garzón López anunció que este lunes planteará al Congreso de Sinaloa exigir a las autoridades sanitarias que informen a la brevedad posible qué daños ocasionará el derrame de 10 mil 800 toneladas de materiales tóxicos de la planta tratadora Santa Rosa de la mina Dos Señores, en el municipio de Concordia.

El legislador recordó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales impusieron al sector salud estatal un plazo de ocho días a partir del jueves pasado –cuando los tóxicos escaparon de la tratadora– para entregar los resultados del análisis del arroyo Pánuco –que desemboca en el río Baluartes, el cual abastece a su vez a los municipios de Concordia, Rosario y Escuinapa–, a fin de sanear la zona.

Garzón López adelantó que también propondrá que se hagan inspecciones a todas las mineras que operan en Sinaloa para saber si cumplen las normas.

Dijo además que buscará el apoyo del ayuntamiento de Concordia para que entregue despensas a por lo menos 100 familias que dependen de la planta de beneficio Santa Rosa, que paró actividades mientras se realizan las investigaciones y se sacan los residuos.

Riesgos en 62 yacimientos

La Profepa dio a conocer que de las mil 252 minas legalmente establecidas en México, una de cada 20 tiene riesgos potenciales, es decir, 62 tienen vigilancia permanentemente.

De igual manera, informó que presentó a los propietarios de la mina Dos Señores un relación de las medidas técnicas que deben aplicar para mitigar el daño en el sitio afectado.

Agregó que se debe fortalecer la supervisión para evitar tragedias ambientales, lo que incluye reforzar las políticas públicas de prevención en la industria minera, mediante mayor presencia de las autoridades de diversos niveles.

El titular de la Profepa, Guillermo Haro Bélchez, recomendó a la Secretaría de Economía impulsar modificaciones a la Ley Minera, a fin de que antes de otorgar una concesión se garantice que la empresa cumpla la ley ambiental y se comprometa a destinar una parte de sus ganancias a promover el desarrollo regional.