Puebla, Pue., 18 de octubre.

Policías estatales a bordo de 14 vehículos sin logotipos incursionaron la madrugada de hoy en la comunidad San Bernardino Chalchihuapan. Vestidos de negro, con pasamontañas y armas largas derribaron puertas, rompieron chapas y ventanas. En medio de golpes y empujones, encañonaron a sus habitantes –ancianos mujeres y niños– y se llevaron a cinco pobladores, denunciaron los habitantes.

El abogado Hilario Alonso Flores dijo que las cinco detenciones fueron resultado de una orden que liberó el juzgado tercero de lo penal; los pobladores estuvieron desaparecidos más de siete horas hasta que la defensa los ubicó en el penal de San Miguel, en la ciudad de Puebla. Precisaron que rindieron su declaración ante el Ministerio Público sin sus defensores.

Por la tarde, el gobierno estatal informó en el boletín 2005 que estas acciones se efectuaron en cumplimiento a un exhorto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) relacionada con la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo y heridas a más de cien personas por proyectiles lanzados por la policía estatal contra una manifestación ocurrida el 9 de julio en la carretera estatal a Atlixco.

La Fiscalía del caso Chalchihuapan resolvió la averiguación previa, ejercitando acción penal contra los responsables de distintos delitos, por lo que en cumplimiento de 12 órdenes de aprehensión y de cateo, libradas por un juez penal, fueron detenidos seis policías estatales y cinco civiles, señaló el comunicado. Sin embargo, no precisó dónde ni cómo fueron detenidos los policías.

En cambio, los pobladores de Chalchihuapan relataron que a las 3:55 horas ocurrieron las detenciones de los cinco pobladores: Florentino Tamayo Ponce, Raúl Contreras Montes, Fausto Montes García, Vicente Juárez Valera y Álvaro García Xelhua, a pesar de que la CNDH señaló sólo a los policías del gobierno del estado como los responsables de la trifulca y de la muerte de Tehuatlie Tamayo.

Provocan destrozos

El caso más grave ocurrió en calle Benito Juárez sin número, donde ocho policías derribaron el portón de la vivienda con una camioneta pick up blanca y usaron un mazo para romper la puerta de metal y después hicieron destrozos.

Los denunciantes precisaron que cuando vieron a Fausto Montes García los policías exclamaron: ahí está ese hijo de su puta madre. Montes, de 31 años, es el único varón de la casa donde habita su madre, de 76 años; su esposa Petra López Tecalero, y dos niños de seis meses y un año nueve meses.

Petra narró a La Jornada de Oriente que cuando vieron que los agentes venían pensaron que se trataban de secuestradores, entonces movieron un clóset para tapar la puerta de la recámara donde dormían. El mueble que quedó destrozado a mazazos.

Nosotros no le hemos hecho daño a nadie, somos gente de paz, le dije a uno de los hombres y me respondió con una cachetada; ‘cállate pendeja que también a ti te levantamos’”, le respondió, según su relato.

Un día antes se corrió el rumor en el pueblo de que habría una detención masiva de los presuntos pobladores que participaron en la manifestación de julio. Esto permitió que al alcalde Javier Montes Bautista, y otros lugareños se refugiaran fuera de esa comunidad.

Tras las aprehensiones los pobladores tocaron las campanas de la iglesia. Se reunieron en menos de 10 minutos en la explanada de la presidencia local. A las 4:40 horas las esposas y madres de los detenidos, entre sollozos y rostros desencajados, comenzaron a relatar la brutalidad que vivieron.

Como una ironía, en el comunicado del gobierno del estado se detalló que en cumplimiento a la recomendación 2VG/2014 emitida por la CNDH el pasado 11 de septiembre se dio capacitación en derechos humanos a todos los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley en el estado, haciendo especial énfasis en el uso legítimo de la fuerza pública.