La mesa directiva del Senado, que preside Miguel Barbosa, turnó ayer a comisiones la solicitud del PAN de que se declare la desaparición de poderes en Guerrero, y tienen un plazo de cinco días para emitir un dictamen. Sin embargo, PRI y PRD no avalan esa posibilidad, que implica la designación de un gobernador interino.

El PAN, instituto que impulsó la candidatura de Ángel Aguirre Rivero, presionó en su demanda. El coordinador panista, Jorge Luis Preciado, fue acompañado por representantes de organizaciones empresariales de Guerrero, que presentaron más de 5 mil firmas para apoyar que el Senado declare la desaparición de poderes en esa entidad.

En tanto, en la Cámara de Diputados, el presidente del PAN, Ricardo Anaya Cortés, expuso que la demanda para que el gobernador deje el cargo debe trasladarse a la esfera del Senado, donde se dé seguimiento a la declaratoria de desaparición de poderes.

Miles de personas están pidiendo la destitución del gobernador de Guerrero, lo están haciendo en las calles y, lamentablemente, de manera violenta. El PAN propone encauzar la discusión de las calles a las instituciones, y la institución adecuada para plantear esa discusión es el Senado.

En tanto, el dirigente nacional del PRD, Carlos Navarrete, rechazó que existan condiciones para que el Senado declare la desaparición de poderes en Guerrero, y afirmó que la propuesta del PAN es un fuego de artificio político con el que pretende obtener beneficios electorales en 2015.

Consideró que además la propuesta del PAN es errónea, ya que el Senado no tiene facultades para desaparecer poderes, sino una facultad constitucional para declarar que los poderes han desaparecido, y yo no veo que ese escenario se dé en Guerrero.

El grupo parlamentario del PRI en el Senado no ha expresado una postura pública al respecto, pero en la reunión previa a la sesión de ayer, los priístas dejaron claro que no avalarán la solicitud del PAN, porque consideran que no tiene ninguna viabilidad.

Por otra parte, el PRI en San Lázaro informó que para que esa declaratoria tenga efecto debe contar con la solicitud de los senadores, los diputados federales o ciudadanos. Y en caso de que sea procedente se turnará a la comisión correspondiente y se dará respuesta en los cinco días siguientes.

Una vez que se decida la desaparición de poderes, debe nombrarse un gobernador provisional de una terna propuesta por el presidente de la República; protestará en el Senado o en la Comisión Permanente, y debe convocar, en un plazo de tres meses, a elecciones para gobernador e integrantes del Congreso, y designar, también de manera provisional, a los magistrados de justicia locales.

El presidente de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, sostuvo que en México ha llegado el momento de un nuevo comienzo ante la profunda debilidad institucional que desde hace 20 años se manifiesta en el país.