n mi artículo anterior expuse la denuncia de hechos que presentaron los normalistas de Ayotzinapa y la condena que emitió el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) frente al hecho que se califica como crimen de lesa humanidad. Vale la pena ahora recoger las diversas denuncias del magisterio democrático que reflejan el creciente desmantelamiento sistemático y agresión a los maestros que realiza el estado mexicano.
Bajo el rubro de ¨Violencia contra los derechos laborales¨ consigna en primer lugar que la reforma educativa aprobada en 2013 y la Ley del Servicio Profesional Docente contradicen la Ley Federal del Trabajo vigente, al determinar que los maestros con base pueden perder su plaza al quedar sujeta su permanencia a los resultados de exámenes estandarizados aplicados cada cuatro años. Esto ha creado un estado de excepción laboral específica para el magisterio, perdiéndose así los derechos laborales adquiridos. En segundo lugar, se presentaron testimonios y denuncias con documentos probatorios de 45 profesores cesados en Puebla, de los cuales 23 aceptaron una reinstalación en condiciones degradantes por eliminar su antigüedad y derechos y 12 permanecen demandando su reinstalación y salarios caídos en términos legales. Dos maestras fueron despedidas en Quintana Roo, una en Yucatán y otra en Chiapas que además de cesada fue secuestrada y torturada. Se han desarrollado también mecanismos diversos como levantar acusaciones falsas, que pueden llegar a homicidio, para encarcelar a los maestros como ocurre en los casos de Oaxaca y el estado de México, donde hay 10 profesores en prisión.
Con el título de Violencia estructural contra la equidad, la diversidad y las capacidades diferentes
se presentaron diferentes denuncias que se refieren a las normales rurales, documentadas por las normales de Cherán, Tiripetío y Arteaga, de Michoacán, y la de Ayotzinapa, que hicieron énfasis en el proceso sistemático de cierre de estas escuela (de cerca de 40 normales rurales en 1968 sólo quedan 16 funcionando) y del ataque constante a través de mecanismos como presupuestos enjutos, cancelación de las plazas docentes, reducción de matrícula, hasta la toma y desalojo de las escuelas, encarcelamientos, desapariciones y asesinatos. Estas escuelas de Michoacán han sido tomadas por asalto por diversas corporaciones policiacas, en 2013, sus estudiantes golpeados, vejados, robadas sus pertenencias, actualmente 157 de ellos permanecen con juicios pendientes acusados de robo y motín
. También se señalaron los recientes cambios curriculares que desmantelan sus propósitos originales, la eliminación de las lenguas originarias y el reforzamiento de las TICS y el inglés, desconociendo la realidad multicultural del país. Los maestros del Movimiento Magisterial Popular de Veracruz hicieron énfasis en la destrucción creciente del sistema de educación indígena y la reproducción estructural de la desigualdad social sustentada también en una desigualdad educativa, que genera mayores índices de analfabetismo y escasa promoción escolar en escuelas unitarias y multigrado. Los profesores de los CAM y USAER denunciaron la reducción constante, bajo diferentes mecanismos, de las escuelas de educación especial, lo cual implica un grave menosprecio y desconocimiento de la discapacidad y los trastornos graves del desarrollo de estos niños.
El TPP agrupó bajo el rubro Violencia contra la gratuidad de la educación
las denuncias presentadas por la Coordinadora Nacional de Madres, Padres y Tutores de Familia, en las cuales se documentan las diferentes modalidades de cobro por servicios, como agua y luz y mantenimiento general de la escuela, que bajo el nombre de aportaciones voluntarias
se exige a las familias, condicionando el ingreso y la permanencia de sus hijos en la institución, esto a pesar del cartel que la SEP colocó en muchas escuelas, donde señala que no deben pagarse cuotas.
La Violencia estructural contra la educación media superior
se integró para el TPP a partir de evidencias presentadas por el colectivo Tiempos Modernos, que detalló los mecanismos de clasificación y selección creados por instituciones públicas a través de los exámenes estandarizados de opción múltiple, como los del Comipems y el Ceneval, que les permiten establecer una estratificación y distribución de los estudiantes en las diversas opciones educativas, o bien de su exclusión de las mismas que tiene un efecto de encaminar a los estudiantes a escuelas privadas de muy bajo nivel. Se mencionan también una serie de reformas en la educación superior que violentan gravemente la autonomía de las universidades mediante los sistemas de evaluación externa, que sujetan y determinan el financiamiento para los proyectos académicos de docencia e investigación.
Para los jueces del TPP-Audiencia sobre educación, la creciente desintegración del sistema educativo quedó sólidamente documentada, en diferentes planos, como una responsabilidad central del Estado mexicano que ha creado las condiciones constitucionales para instaurar este proceso, que se refleja en una creciente inequidad, violentación de todos los derechos, mercantilización y privatización de los procesos educativos, a través de una legislación cuidadosamente elaborada, aprobada y ejecutada por los diferentes niveles gubernamentales.
