El consejo de presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó preocupación por el contenido de la iniciativa de Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de forma específica sobre los derechos sexuales de este sector y porque padres y tutores no tengan la potestad de orientar a los menores al respecto.

El cardenal José Francisco Robles Ortega, presidente de la CEM, y Eugenio Lira Rugarcía, secretario general del organismo eclesial, expresaron: nos preocupa el concepto derechos sexuales y reproductivos, que no se encuentra en nuestra Constitución ni en los tratados internacionales que vinculan al Estado mexicano, y que al carecer de una definición sobre su contenido y alcance puede dar lugar a interpretaciones arbitrarias.

Agregan que notaron que no se da una clara diferenciación sobre el ejercicio de estos derechos en relación con la edad. No es lo mismo el grado de madurez de un niño de 11 años que el de un adolescente de 17.

Añadieron que resulta delicado que se haga a un lado la orientación que los padres o tutores deben brindar en vista al interés superior del menor.

Refirieron que si la legislación civil prevé que un menor no puede realizar actos jurídicos por sí solo, es altamente riesgoso que en este proyecto de ley se pretenda que niños, niñas y adolescentes puedan tomar decisiones sin la orientación de sus padres o tutores en algo tan delicado como es la sexualidad, con implicaciones físicas, sicológicas, espirituales, económicas y sociales en el presente y en el futuro.

Resaltaron que ya en la Ley de las y los Jóvenes de la Ciudad de México aprobada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que fue devuelta a ese órgano por el jefe de Gobierno con observaciones, se habla de derechos sexuales y reproductivos.

Menciona entre esas garantías que niños, niñas y jóvenes tengan el derecho a decidir de manera libre el número y espaciamiento de hijos que deseen; recibir información y tener acceso a los métodos anticonceptivos de manera gratuita y suficiente; el derecho a contar con servicios médicos y jurídicos que les permitan construir la identidad sexo-genérica que deseen.

Pusieron en duda que los menores tengan la madurez necesaria para procesar la información y tomar la decisión adecuada. Preguntaron si se tiene contemplado el impacto que estos servicios tendrían en el presupuesto y asignación de recursos del gasto público, sostenido con los impuestos de los contribuyentes.

La semana pasada organizaciones como el Consejo Mexicano de la Familia, la Red Familia y la Unión Nacional de Padres de Familia exigieron retirar los inexistentes derechos sexuales y reproductivos de la referida iniciativa de ley, ya que no hay referencia alguna a los mismos en nuestra legislación nacional ni en tratado internacional alguno.