San Cristóbal de Las Casas, Chis., 15 de octubre.

Para el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República trajo de vuelta las prácticas represoras que le habían sido prestadas por 12 años a los gobiernos del Partido Acción Nacional.

En su informe anual ese organismo, que preside el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, afirmó que “la política de represión puesta en marcha por el gobierno es una estrategia de control, de crear un ambiente de miedo en la sociedad, mostrar al disidente como delincuente y aplicar mecanismos de terror como la tortura, el feminicidio, la desaparición forzada, las detenciones arbitrarias, los asesinatos de periodistas y defensores de los derechos humanos, así como criminalizar la protesta social”.

En el documento, que comprende de julio de 2013 a julio de 2014, señala que la estrategia de seguridad nacional puesta en marcha por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto con el argumento de combatir a la delincuencia organizada y tener un país seguro, es el pretexto del Estado para no respetar los derechos humanos y evadir su responsabilidad internacional ante las instancias mundiales, con un discurso vacío que contrasta con los datos y casos que han presentado organizaciones de la sociedad civil de México.

Señaló que la estrategia represiva ha mantenido e incrementado la presencia de personal del Ejército Mexicano y de la Marina Armada de México en acciones de seguridad pública, con el aumento grave y progresivo de quejas de violaciones a derechos humanos.

Aseguró que en esta estrategia juegan un papel importante las reformas legislativas que dan la apariencia de avances en materia de derechos humanos, pero son simples espejos ante la comunidad internacional.