La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados convino en presentar un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, durante la sesión de este jueves, para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) libere los 500 millones de pesos presupuestados para operar el fideicomiso que se utilizará para atender a las víctimas de la violencia en el país.

Jaime Rochín del Rincón, comisionado presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), presentó ante los legisladores el desglose de las actividades del organismo. Por ser de reciente creación, esa instancia ha venido operando la atención a los familiares de las víctimas con recursos de su gasto corriente.

Ayer los diputados federales Elena Tapia y José Luis Muñoz Soria (PRD); Miriam Cárdenas, Esther Garza y Rodimir Barrera (PRI), y Juan Jesús Aquino (PAN) escucharon la comparecencia del comisionado Rochín, quien expuso el procedimiento para generar el fideicomiso de atención: Se realizaron diversas reuniones con instituciones de la banca de desarrollo para conocer propuestas técnicas y económicas, y contar con información que permitiera una adecuada toma de decisiones en la designación de la fiduciaria responsable. El pleno determinó designar a Bansefi como la institución fiduciaria encargada del Fideicomiso del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

Abundó en las acciones en torno a ese procedimiento: la elaboración del contrato de fideicomiso público de administración y pago denominado Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, y la obtención de la opinión favorable de Bansefi, en su carácter de institución fiduciaria encargada del fideicomiso, sobre el contrato.

En su turno, los diputados manifestaron preocupación por la falta de reglamento para la CEAV –que corresponde expedir a Gobernación– y por la falta de concreción del Fideicomiso para operar el Fondo de Atención a Víctimas que debe destinarse a pagar las reparaciones de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos.

Rochín manifestó que no ha sido posible depositar los recursos de más de 400 millones de pesos aprobados para este año al Fondo de Atención a Víctimas, ya que los criterios de Hacienda para operar un fideicomiso son distintos a los que la ley establece para el fondo. El comisionado Adrián Franco agregó que la CEAV no tiene un comité técnico formalmente y por ello no coincide con los formatos que normalmente opera la SHCP.

Rochín manifestó que la CEAV avanza en el establecimiento de Bansefi como fiduciario del fondo, para lo cual han depositado 500 mil pesos provenientes de su gasto corriente.

También Elena Tapia cuestionó si se está atendiendo lo que la Ley General de Víctimas (LGV) mandata en su artículo 167, para que la asesoría jurídica federal cuente con al menos un asesor por cada Unidad Investigadora del Ministerio Público de la Federación, Tribunal de Circuito, Juzgado Federal que conozca de materia penal y Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.

Rochín respondió que la asesoría jurídica federal cuenta sólo con 63 personas y 39 funcionarios de otro tipo, y manifestó que para atender la LGV se necesitarían alrededor de 400 funcionarios en total, es decir, más del triple.