De los 22 policías municipales de Iguala, Guerrero, detenidos como presuntos responsables del ataque y desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, sólo dos habían sido sometidos a exámenes de control de confianza.

Los demás uniformados –todos consignados por homicidio– no fueron sometidos a esas pruebas, cuyo propósito es retirar de las corporaciones, o por lo menos relevarlos de funciones estratégicas de seguridad, a quienes no aprueben cinco exámenes: médicos, toxicológicos, sicológicos, de entorno social y polígrafo.

Sin embargo, la mayoría de los policías de Iguala que participaron en los hechos del 26 de septiembre estaban en activo sin haber pasado por las pruebas de control de confianza, que es obligatorio para todos los grupos policiacos y de seguridad del país.

Fuentes del gobierno local consultadas por La Jornada indicaron que Guerrero tiene un índice de 97 por ciento en la evaluación de sus policías. Sin embargo, los hechos ocurridos el 26 de septiembre pasado en Iguala ponen en evidencia el grave rezago en la materia.

Incluso, los únicos dos policías evaluados (entre los 22 detenidos por homicidio) sí aprobaron los exámenes y, pese a ello, son probables delincuentes, integrantes de una corporación infiltrada por el crimen organizado, de acuerdo con los resultados preliminares de investigación a cargo de la fiscalía general de Guerrero y de la Procuraduría General de la República.

El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, informó hace varios días que las autoridades de Iguala, encabezadas por el alcalde José Luis Abarca, no aceptaron someterse al mando único estatal, es decir, quedar bajo las órdenes del secretario de seguridad del estado.

El martes pasado, personal de la PGR, que encabeza Jesús Murillo Karam, detuvo a 14 policías de Cocula, municipio contiguo a Iguala, quienes –precisó el funcionario federal– confesaron haber participado en el secuestro de los normalistas de Ayotzinapa para entregarlos al grupo criminal Guerreros Unidos.

Hasta ayer las fuentes consultadas no tenían información acerca de la evaluación de los policías de Cocula, aunque admitieron que es posible encontrar deficiencias de este tipo no sólo en Guerrero, sino en otras entidades del país.

El control de confianza es necesario para identificar a quienes no aprueben y, eventualmente, darlos de baja o trasladarlos a otras actividades, por ejemplo, como agentes de tránsito o para cuidar parques y jardines. No se puede correr de un plumazo a todos los reprobados; es necesario analizar cada caso, porque puede haber personal resentido, delincuentes en potencia, añadió el funcionario.

Los estados deben evaluar a todos sus policías a más tardar el 30 de octubre próximo, según los acuerdos nacionales en la materia.

Actualmente hay 39 centros de control de confianza en el país (36 estatales y tres federales). Según las cifras oficiales, casi todos los locales están próximos al ciento por ciento, aunque cada dos o tres años el personal policiaco debe ser revaluado para lograr una depuración efectiva en las corporaciones.