l panorama social y político que nos muestra México en este tiempo es sumamente preocupante y debe ser motivo de una profunda reflexión y de acciones inmediatas por parte del gobierno y de la sociedad mexicana. Diversos movimientos se han encadenado y hacen ver la urgencia de proponer estrategias que vayan desactivando cada uno de los conflictos que se muestran, desde la negociación directa –como se ha manifestado en el caso de la inconformidad de los estudiantes del Politécnico– hasta el diálogo, los acuerdos políticos, incluso el castigo con todo el peso de la ley para aquellos –del nivel que sean– que han cometido actos criminales de negligencia e irresponsabilidad.

La peor e indeseable ruta sería la represión absurda, que implicaría retroceder a tiempos ya superados del país, como ocurrió en el 68 y como virtualmente ha sucedido durante lustros en innumerables casos de protesta de sectores populares, como los campesinos, obreros, estudiantes y de las clases medias urbanas y del campo.

La inseguridad que prevalece e incluso se extiende en algunas regiones del país ha deteriorado la imagen de México en el exterior y se ha vuelto un caso de escándalo internacional. La falta de una estrategia clara de prevención y corrección de los hechos violentos, con resultados contundentes que lleguen al castigo de los responsables, ha agravado esta situación. Y es que la mayoría de los casos quedan en la impunidad, y eso no genera la confianza necesaria para creer en el futuro de la democracia ni en el respeto al estado de derecho.

Los gobernantes actuales no deben dejar el esfuerzo por establecer acuerdos negociados con cada sector o ámbito de problemas, si no es que consensuarlos, ya que ello corresponde a una visión democrática de la responsabilidad pública. Pero contra la acumulación de los problemas debe privilegiarse la adopción de arreglos que lleguen al fondo de cada uno de los diferendos, y no solamente salir del paso o jugar al olvido de la sociedad. Esto sería un error imperdonable.

El insoluto y grave conflicto minero, iniciado en 2006 a raíz de la acción amoral de unas cuantas poderosas empresas, con la complicidad activa de los gobernantes del Partido Acción Nacional en los dos sexenios anteriores, pone a prueba la capacidad y la voluntad política del gobierno actual para superar todas las diferencias, resolver este conflicto de una vez por todas y llegar a una paz negociada con la más importante organización política y sindical de los mineros, metalúrgicos y siderúrgicos de México. Deben terminar ya la desconfianza y las dudas generadas por los grupos empresariales antisindicales que buscan imponer sus intereses a cualquier costo y, por el contrario, escuchar y atender nuestra propuesta de apoyarse en un sindicalismo moderno y nacionalista del siglo XXI.

El gobierno tiene que convencerse de que la acumulación de conflictos debe ser desmantelada. Está el caso de los electricistas del SME, que en octubre de 2009 fueron atracados en su integridad sindical con la desaparición de la compañía de Luz y Fuerza del Centro. Está también el de los trabajadores de aviación, tanto pilotos como sobrecargos, a quienes se infligió el duro hecho de la desaparición de Mexicana de Aviación, la empresa que fue líder en el ramo de la aeronavegación, sólo para no afrontar el castigo al empresario Gastón Azcárraga que la hundió en medio de su voracidad y apetito de ganancias.

Hasta ahora han quedado en la total impunidad los empresarios que delinquen o cometen fraudes, como en los casos de Oceanografía o Grupo México, con la terrible contaminación y catástrofe ambiental sin precedente en los ríos, pueblos y personas de Cananea, Sonora; Taxco, Guerrero, y San Luis Potosí, entre muchos otros. Incluso, con Grupo México aún está pendiente de investigación y castigo el Homicidio Industrial que cometió en la mina de carbón de Pasta de Conchos en Coahuila, donde perdieron la vida 65 trabajadores. No se digan los casos de Grupo Peñoles, con la inhumana contaminación y envenenamiento con plomo, que también se mantienen en la impunidad, a niños y habitantes de Torreón, Coahuila, y de Fresnillo, Zacatecas. De la misma manera, está el caso del fraude cometido por Alonso Ancira Elizondo de Grupo Acerero del Norte, que se ha mantenido en suspensión de pagos por más de 10 años. Con estos ejemplos, la pregunta es: ¿dónde han quedado la ley, la justicia y la autoridad?

Surgen, desde lustros atrás, igualmente, muchos otros conflictos sociales con campesinos, comuneros, maestros empobrecidos, poblaciones de los entornos de la minería que miran con verdadera inquietud y protesta no sólo las amenazas a su ya de por sí deteriorado estatus, endémico, que los tiene sumidos en hoyos de irresolución y degradación de su tejido social, sino que no haya soluciones de fondo.

No se advierte que las voces de estos sectores tengan respuestas adecuadas de parte de los gobernantes, y específicamente de las autoridades locales, que tienden a minimizar los impactos de estas situaciones, mediante pretextos o exculpaciones a los responsables de algunos problemas, que en un estado de derecho son inadmisibles.

La inseguridad pública derivada de la acción de los criminales efectos de la acción del narcotráfico y el secuestro, por parte de grupos que han surgido ante la debilidad de la política gubernamental y que se han estructurado para delinquir en su beneficio propio, es otro asunto quemante, que no se ha resuelto de fondo. Si Jesús Reyes Heroles advertía hace años que debíamos tener mucho cuidado con el retorno del México bronco, se estaba refiriendo a la violencia de la protesta social, pensando en el estallido revolucionario de 1910, pero este México bronco ha regresado bajo la forma de la violencia del crimen organizado, que ha desolado poblaciones enteras.

La actual explosión de protestas por el caso Ayotzinapa o por el de Tlatlaya, son indicadores de cómo la violencia atrapa desprevenidos a los gobernantes.

Una más vigorosa acción del gobierno debiera estar inscrita en la búsqueda de los soportes que desde los sectores políticos, empresariales y financieros tienen los grupos que delinquen, pero hasta el momento no se advierte que los gobernantes hayan decidido bloquear las fuentes de apoyo económico y de solapamiento que desde diversos ángulos se les ofrecen. Tal es el caso del lavado de dinero, que se desparrama por todo el tejido social, con la mirada impávida de las autoridades hacendarias, a quienes sólo importan hasta hoy los grandes indicadores macroeconómicos que llevan a la idea de una estabilidad que está muy lejos de ser tal.

El Estado debe emprender una verdadera acción de desmantelamiento de los conflictos, que aísle a unos de otros, para bloquear su acumulación lesiva. Si se considera que la lucha contra la inseguridad pública es central, como lo es, los demás problemas deben ser desactivados, uno por uno, sin usar como pretexto un inexistente respeto a las leyes, con lo cual se pondría un hasta aquí a los actos y hechos ilegales, tanto en el campo de la inseguridad como en el de los negocios y la vida económica.

Ante esta grave situación de inseguridad e impunidad, urge un cambio de modelo de desarrollo económico, político y social, con un verdadero compromiso de voluntad política para frenar y corregir el rumbo del país y abrir nuevas y mejores oportunidades para todos los mexicanos.