a combinación de acciones y omisiones criminales no se produjo solamente en el ámbito del poder municipal de Iguala, representado por el presidente José Luis Abarca y su guerrera esposa. El propio gobernador de la entidad, Ángel Aguirre Rivero, a través de su secretario general de Gobierno, durante horas claves se abstuvo de activar a sus fuerzas policiacas aquella noche de la masacre, pues el alcalde Abarca no contestó el teléfono hasta la una de la madrugada (recuérdese que ese funcionario municipal adujo no haberse enterado de nada porque andaba de fiesta) y en Chilpancingo no quisieron hacer nada en tanto no cumplieran el ‘‘protocolo’’ de hablar con el edil sicario y ponerse de acuerdo en qué hacer respecto de lo que ya había sucedido en las calles y lo que había pasado o estaba por ocurrir en despoblado.

Los múltiples mecanismos federales de recopilación de información, ‘‘inteligencia’’ y despliegue de fuerzas armadas tampoco reaccionaron con la rapidez y contundencia que suelen hacerlo frente a hechos menores que afectan a miembros de la clase política o a intereses empresariales protegidos, manteniéndose el Ejército y la Policía Federal en una extraña pasividad mientras en las calles de la tercera ciudad en importancia de Guerrero durante horas se producían ataques reiterados contra estudiantes normalistas, futbolistas juveniles y ciudadanos en general, en una noche de terror que terminó con seis muertos, varios heridos, 43 desaparecidos y una población conmocionada cuyo espanto sería luego conocido y difundido a lo largo del país y en el extranjero.

No fue sólo el alcalde Abarca (al que luego se permitiría presentar con tranquilidad su solicitud de licencia al cargo y organizar sin contratiempos su absolutamente previsible fuga) ni su jefe de seguridad pública (igualmente prófugo) y los policías (también) bajo control de los intereses del crimen organizado. El gobernador Aguirre (saltimbanqui partidista adscrito para fines comiciales al PRD, impulsado por Marcelo Ebrard para dejar los tres colores y pasar a última hora electoral al sol azteca, luego adoptado por Los Chuchos) actuó esa noche trágica con conocimiento oportuno de los hechos, a tiempo de impedir que la policía municipal continuara con la acometida pública y en condiciones de frenar el proceso que tuvo el desenlace macabro tan conocido.

Aguirre es un político con experiencia en asuntos de asesinatos múltiples contra opositores, pues llegó a su primera gubernatura en sustitución de Rubén Figueroa Alcocer, luego de que en junio de 1995 fueron asesinados 17 miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur en Aguas Blancas, un vado de Coyuca de Benítez. En junio de 1998, 10 mixtecos y un estudiante de la UNAM fueron asesinados en una operación militar de la cual Aguirre (también) dijo no haber sabido nada previamente, a pesar de que Efrén Cortez Chávez, quien sobrevivió a aquella masacre, afirmó que estaban al tanto Aguirre Rivero y el presidente municipal de Ayutla de los Libres, Odilón Romero.

Incluso Cortez Chávez señaló que ‘‘horas antes de la matanza, soldados y una columna del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) se enfrentaron en Coxcatlán Candelaria, población aledaña a El Charco, por lo que cree que eso derivó en el ataque a la escuela Caritino Maldonado, donde las víctimas dormían luego de una asamblea en la que participaron más de 100 indígenas campesinos’’, según nota del corresponsal Sergio Ocampo Arista en La Jornada (http://bit.ly/1ssmUhx).

Dejar que ciertas fuerzas armadas (militares en El Charco y policías municipales, virtuales paramilitares, en Iguala) actúen mortalmente contra opositores en proceso de organización y lucha pareciera ser un modelo conocido por el volátil Aguirre. También es un método probadamente practicado por quienes se encargan de la Presidencia de la República y de la Secretaría de la Defensa Nacional, según se desprende del informe final presentado ayer por la Comisión de la Verdad que investigó las violaciones a los derechos humanos durante el periodo de guerra sucia 1969-1979.

El primero de diciembre de 1971 (a unos meses del Jueves de Corpus y los halcones), el mismísimo titular de la Sedena durante el gobierno de Luis Echeverría (el general Hermenegildo Cuenca Díaz, significativamente homenajeado en días pasados por la actual administración federal durante un acto encabezado por el general Salvador Cienfuegos, en el que se puso al fallecido jefe militar como ejemplo a seguir) ‘‘ratificó’’ al comandante de la 35 Zona Militar, con sede en Chilpancingo, la orden de ‘‘incrementar actividades fin localizar, hostigar, capturar o exterminar gavillas operan esa región’’, según telegrama encontrado por la Comisión de la Verdad en el Archivo General de la Nación. Eso sí, Cuenca instruía: ‘‘evite demostraciones fuerza alarmen población civil’’. En la segunda mitad de 1974, entre el horror de la fuerza militar aplicada contra civiles involucrados o sospechosos de participar en la lucha armada, el general E. Jiménez R., comandante en Atoyac, telegrafiaba al general Cuenca Díaz la ‘‘continuación’’ de ‘‘reconocimientos… precedidos de fuego de morteros sobre cañadas y arroyos’’, además del establecimiento de retenes y, en el aeropuerto de Zihuatanejo, el impedir ‘‘salida por aire de personal sospechoso y con indicios de haber permanecido en la sierra tiempo prolongado’’.

Tal es el ADN político reconocible en las fosas del poder. ¿Sólo Abarca y su esposa? ¿Otra vez no sabía nada Aguirre, especialista en sobrevolar frívolamente para dejar que los poderes reales hagan lo que crean conveniente? ¿Esa política institucional de ‘‘exterminar gavillas’’ (en los documentos encontrados por la Comisión de la Verdad se puntualiza que se usa el término ‘‘gavilleros’’ para eludir el de guerrilleros) se aplica a normalistas insurrectos, líderes opositores e incluso, ahora en política de ‘‘limpieza social’’, a ejecutados como los de Tlatlaya?

Y, mientras siguen los burdos jaloneos partidistas, basados en cálculos electorales, respecto a licencias, desaparición de poderes o comisionados, ¡hasta mañana!

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