Dos semanas después de su aprobación en el pleno, ayer las comisiones de Derechos Humanos y Justicia finalmente instalaron el grupo de trabajo que coadyuvará en la investigación de la presunta ejecución de 21 personas en Tlatlaya, estado de México, el 30 de junio. El Partido Revolucionario Institucional (PRI), a través de los presidentes de ambas comisiones, Miriam Cárdenas y Ricardo Fidel Pacheco, expuso que si bien está en favor del absoluto respeto a los derechos humanos, esa instancia no puede desviarse hacia objetivos políticos. Lo lamentable de estos hechos no puede ponerse en la mira de los partidos, sino pugnar por que los responsables vayan a la justicia y sean juzgados, dijo Pacheco. La diputada Loretta Ortiz Ahlf, resaltó que la probable ejecución de 21 personas que ya se habían rendido encuadra en la figura de ejecuciones sumarias y arbitrarias, sancionadas por instrumentos internacionales suscritos por México. No es posible admitir que las funciones que corresponden a los cuerpos de seguridad sean realizadas por el Ejército. Aunque parezca increíble, sus acciones corresponden en un estado de guerra, que no se ha declarado y no existe en México, y que ello justifique autorizar su intervención, indicó. Alberto Díaz Trujillo (PAN) planteó que es obligación del gobernador del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, poner un alto a la situación de terror que vive el estado. El lunes, en su tierra, Ecatepec, fueron encontradas osamentas en un canal y cuerpos en las calles. Sí, que intervengan las fuerzas federales, pero con respeto a los derechos humanos. La presidenta del grupo, Elena Tapia Fonllem, presentó un plan de trabajo que será revisado mañana en una nueva reunión.