Peritajes de la Procuraduría General de la República (PGR) determinaron que ninguno de los 28 cuerpos localizados en las primeras cinco de las 14 fosas clandestinas que se han localizado en el municipio de Iguala, Guerrero, corresponde a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que están desaparecidos desde el pasado 27 de septiembre.

‘‘Les puedo decir que (de) las primeras fosas encontradas ya tenemos algunos resultados; les puedo decir que no corresponden a los ADN que los familiares de estos jóvenes nos han dado’’, dijo en conferencia de prensa el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam.

Resaltó que el hecho de que los restos encontrados en las primeras fosas no correspondan a los estudiantes da cuenta del grado de peligrosidad de los integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos.

Al mismo tiempo, también dijo que el resultado del estudio científico confirma la calidad de secuestrados o no localizados que hasta hoy tienen los estudiantes normalistas.

Acompañado por el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Monte Alejandro Rubido García; el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, y por Rodrigo Archundia, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), Murillo Karam dio a conocer avances de las investigaciones que se realizan para localizar a los 43 estudiantes normalistas.

En su turno, Zerón de Lucio informó que fueron aprehendidos 14 elementos de la policía municipal de Cocula, Guerrero, y que éstos reconocieron haber participado en la detención de estudiantes y en su entrega a integrantes de la organización Guerreros Unidos.

Al día siguiente del secuestro de los normalistas, un funcionario administrativo de la policía de Cocula cambió las bitácoras de operación de las patrullas y actividades de los agentes, además de que se modificaron los números de las unidades para tratar de ocultar su participación en esos hechos.

El procurador Murillo Karam aseguró que en breve los 14 agentes municipales mencionados serán consignados por el delito de secuestro. Detalló que el presidente municipal de Cocula, el priísta César Miguel Peñaloza, y el director de seguridad pública municipal, Salvador Bravo, se encuentran declarando en instalaciones de la PGR, pero no están detenidos.

Ya han sido detenidas 46 personas: 22 son policías del municipio de Iguala, 14 del ayuntamiento de Cocula y 10 civiles, entre ellos varios halcones (vigilantes) de Guerreros Unidos.

El funcionario consideró que ya han sido detenidos la mayoría de quienes llevaron a cabo la privación ilegal de la libertad de los 43 estudiantes, y posteriormente los entregaron (en los límites de los municipios de Iguala y Cocula) a los integrantes de Guerreros Unidos. ‘‘El reto es encontrar a los autores intelectuales de este hecho que nos lastima’’, dijo el procurador.

También informó que el Ministerio Público federal ya prepara una solicitud de orden de aprehensión en contra del alcalde de Iguala (con licencia y prófugo), José Luis Abarca, y el jefe de la policía municipal de ese ayuntamiento, Felipe Flores Velázquez, por delincuencia organizada, tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Precisó que se sigue investigando a María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de José Luis Abarca, por su presunta participación en la desaparición de los estudiantes.

Durante la conferencia de prensa, efectuada en las instalaciones de la procuraduría, se preguntó al procurador acerca del hallazgo realizado por integrantes de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (Upoeg), quienes localizaron la tarde-noche del pasado lunes otras cuatro fosas clandestinas en el punto conocido como La Parota, cerca de Pueblo Viejo, lugar donde se encontraron las primeras (nueve) fosas con cadáveres.

El abogado Manuel Vázquez Quintero, asesor jurídico de los policías comunitarios, indicó que los pobladores de Iguala que han colaborado en la búsqueda de los 43 normalistas fueron quienes les dieron la ubicación de las nuevas fosas clandestinas de La Parota.

Murillo Karam dijo que ya están trabajando en esos entierros ilegales, pero todavía se desconoce el resultado de los primeros trabajos periciales.

En ese contexto, dio a conocer que la PGR ya atrajo la investigación del homicidio de Arturo Hernández Cardona, una vez que se obtuvieron datos que vinculan ese hecho con la delincuencia organizada, aunque no informó si también se ejercitará acción penal en contra del alcalde con licencia de Iguala.

En tanto, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, informó que la Policía Federal ha desplegado –incluyendo personal de la Gendarmería– 896 elementos en el estado de Guerrero, los cuales llevan a cabo labores de inteligencia, investigación, seguridad pública y búsqueda de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa.

Del total de agentes federales, 300 son los que participan directamente en acciones de búsqueda de los estudiantes ausentes, y para ello se han integrado cuatro brigadas en las que también colaboran personal de la Procuraduría General de la República, ciudadanos y autoridades locales.

La búsqueda se llevará a cabo en municipios como Iguala, Ixtla, Cuetzala, Tixtla y Huitzuco. De igual manera, se han llevado a cabo 252 patrullajes en esos municipios.