Una empresa de seguridad creada por Banamex para proteger a sus altos ejecutivos, que era dirigida hasta diciembre pasado por un ex subprocurador general de la República, armó una trama con la que defraudó a la institución bancaria con al menos 15 millones de dólares, a la vez que incurrió en prácticas de intercepción de comunicaciones privadas, reveló una investigación que se extendió por tres meses.

La investigación, ordenada por Banamex, descubrió que la unidad de seguridad –llamada Dirección Profesional de Empresas Afiliadas SA, Dipeasa– inflaba los gastos administrativos y viáticos de personal que recibían del banco. Esos recursos eran transferidos a una tercera compañía, sin conocimiento de la institución. Todo ello se prolongó por varios años, de acuerdo con personas que conocen de la investigación, consultadas por La Jornada.

Desde 2001 Banamex es propiedad de la multinacional estadunidense Citigroup.

Dipeasa fue creada por Banamex en 1994, para proveer el servicio de seguridad a sus altos funcionarios y algunos miembros del consejo de administración. La decisión fue tomada después del secuestro del empresario Alfredo Harp Helú, a la sazón presidente del Grupo Financiero Banamex Accival, ocurrido el 14 de marzo de 1994 y que se prolongó por 106 días. Fue un año en que fueron asesinados el candidato presidencial priísta Luis Donaldo Colosio y el secretario general de ese partido, José Francisco Ruiz Massieu, e hizo su irrupción pública el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En abril de ese año fue secuestrado el empresario Angel Losada.

La investigación

Iniciada en julio pasado, la investigación descubrió una serie de conductas ilegales, que incluyen un fraude contra Banamex por al menos 15 millones de dólares, así como la prestación no autorizada de servicios de seguridad a terceros y el uso de material de telecomunicaciones interceptadas, informó este martes Citi.

El consorcio estadunidense tomó dos decisiones, adicionales a la de presentar una denuncia ante las autoridades mexicanas contra quien resulte responsable por hechos que pudieran ser constitutivos de delito: la primera, liquidar las operaciones de Dipeasa, y la segunda, transferir los servicios de protección de altos ejecutivos en México a la unidad global de seguridad de Citi, según un comunicado.

La investigación no terminará con la actuación de las autoridades judiciales mexicanas, porque Citi informó ayer que también ha notificado estos hechos a las autoridades financieras de México y Estados Unidos con quienes, dijo, está cooperando.

Hasta diciembre de 2013 y desde su creación en 1994, Dipeasa, la empresa creada por Banamex para proteger a sus ejecutivos era dirigida por Federico Ponce Rojas, quien fue subprocurador general de la República y actualmente es vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Internacional, según se lee al pie de un artículo que el ex funcionario publicó el 11 de octubre pasado en el diario Excélsior.

La empresa estadunidense contratada para negociar con los secuestradores de Harp recomendó a Banamex crear una compañía, que fuera ajena a la estructura del banco, pero propiedad al 100 por ciento de Banamex, dedicada a la seguridad de los altos funcionarios y consejeros, explicó la fuente que conoce de la investigación.

En enero de este año, después de la salida de Ponce Rojas, la dirección de la empresa de seguridad fue encomendada por Banamex al general José Armando Tamayo, quien fue jefe del Estado Mayor Presidencial durante el gobierno del ex presidente Vicente Fox (2000-2006). Fue a partir del relevo que Banamex comenzó a auditar las operaciones de Dipeasa y empezaron a salir irregularidades, comentó la fuente.

El objetivo de Dipeasa no era generar ganancias. Solicitaba al banco recursos para cubrir gastos relacionados con escoltas, autos blindados, gasolina, etcétera, y el banco se los proporcionaba. Lo que se descubrió fue que solicitaba más recursos de los que realmente necesitaba y los remanentes los transfería a otra empresa, que nada tenía que ver con Banamex. Así es como se llega al fraude por 15 millones de dólares, explicó.

La otra acusación contra Dipeasa es por el uso de materiales provenientes de intercepción de telecomunicaciones, una forma de espionaje. Sobre el punto, la fuente que conoce de la investigación comentó que se trata básicamente de transcripciones y audios de llamadas telefónicas encontradas en ordenadores e impresos. Se presume que esas conversaciones pudieron ser compradas a terceros; la mayoría de ellas, sin embargo, corresponde a conversaciones de índole personal de empleados de Dipeasa, de ahí que se puede derivar la posible comisión de delitos, como extorsión. Y hay tres llamadas que sí pudieran estar vinculadas a intereses del banco, comentó la fuente.

En el comunicado emitido ayer, Michael Corbat, director general de Citi, dijo que si bien el monto del fraude no es significativo, la conducta de las personas involucradas es deplorable.

El 3 de octubre Javier Arrigunaga renunció a la dirección general del Grupo Financiero Banamex, en una secuela del fraude cometido contra esa institución por Oceanografía, por un monto que ronda 400 millones de dólares.

En otro aspecto, se divulgó que el mexicano Manuel Medina Mora se prepara para dejar la copresidencia de Citi, una de las tres principales posiciones de la multinacional y desde donde supervisa las operaciones de Banamex, reportó anoche The Wall Street Journal.

Los detalles de la posible salida de Medina Mora no han concluido y pueden cambiar, pero las personas familiarizadas con el banco dicen que dejará o anunciará su salida a principios del próximo año, dijo el diario.