El gobierno de Estados Unidos ha repatriado a 3.7 millones de migrantes sin documentos desde que fue creado el Departamento de Seguridad Interior (DHS por sus siglas en inglés) en 2003, lo que representa una nueva marca en el proceso de deportaciones del gobierno estadunidense, por la velocidad y el número de ciudadanos remitidos a sus países de origen.

De acuerdo con un reporte de Doris Meissner, ex comisionada del gobierno estadunidense del Servicio de Inmigración y Naturalización, el ritmo de deportaciones se ha incrementado enormemente al crecer de 70 mil migrantes no autorizados en 1996 a 419 mil en 2012.

Con base en datos del DHS y del Servicio de Inmigración y Naturalización, Meissner y Marc Rosemblum, funcionario del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés), encontraron que entre los principales cambios que propician el creciente proceso de deportación en las últimas dos décadas destacan nuevas leyes que amplían las bases de extracción de los indocumentados, sustancial aumento del personal de migración, así como infraestructura y tecnología para ubicar a los migrantes y decisiones políticas de tres administraciones consecutivas para fortalecer este aparato.

Expansión en la era Obama

“La administración Obama heredó y expandió una capacidad sin precedente para identificar, aprehender y deportar migrantes no autorizados. Casi la misma cantidad fue deportada en los primeros cinco años de la presente administración –más de 1.9 millones– que durante los ocho años previos al arribo de Obama al poder”, revela el estudio.

No obstante, agregan los autores de la investigación, se observan diferentes criterios para medir la aplicación de las leyes migratorias. Mientras en la frontera con México se aplica una medida de cero tolerancia, en la que los migrantes sin documentos son sujetos de deportación inmediata y reciben cargos criminales, en el interior de Estados Unidos las leyes se aplican con mayor flexibilidad, pues los recursos se enfocan en una porción menor de los grupos poblacionales sujetos de ser deportados.

Estas diferencias son consistentes con las distintas metas y circunstancias que se enfrentan en la frontera y en el interior del país, pero el impacto de ambas estrategias está empezando a converger, haciendo que crezcan al mismo tiempo las dudas sobre estas diferencias entre sociedad civil y políticos, debido a que entran en conflicto visiones sobre un trato más humano en el estricto control migratorio.