El 11 de octubre de 2009, un decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación dejó en la calle, literalmente de un plumazo, a 44 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC), provedor de electricidad en la zona central del país.

Cinco años después, poco más de 15 mil integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) continúan en resistencia, es decir, no aceptaron cobrar la liquidación ofrecida por el gobierno de Felipe Calderón, quien el 10 de octubre de 2009 envió a militares a tomar el control del organismo.

Aquel sabadazo –buena parte de los electricistas estaban de descanso– los de la guardia nocturna fueron sacados por los militares y policías de las sedes de LFC.

Pasado un lustro, Martín Esparza, entonces y ahora secretario general del SME, advierte: A cinco años de aquel decreto ilegal aquí estamos de pie, de frente, en resistencia.

En el camino se han quedado muchos electricistas: casi 30 mil aceptaron su liquidación y, del grupo inicial en resistencia (16 mil 599), algunos cientos lograron jubilarse (con base en un reciente convenio firmado con el gobierno de Peña Nieto) y muchos oros han muerto.

Hay ya muchos divorcios, desintegración familiar y suicidios, comenta el dirigente tras un foro y una marcha con la que conmemoraron otro año de lucha, periodo en el cual han realizado toda clase de gestiones con los tres poderes de la unión y ante organismos nacionales e internacionales.

Los electricistas desempleados han protagonizado huelgas de hambre colectivas, innumerables marchas y mítines (tras algunas manifestaciones varios fueron encarcelados); de manera paralela intentan sobrevivir con la formación de un sustento político, ya sea con la integración de una agrupación nacional, un partido político y, en meses recientes, con el impulso de una central de trabajadores.

A la par, se registra un sinfín de reuniones con los funcionarios federales en turno. La lista de interlocutores es igualmente larga, grupos de administradores y políticos encabezadas por los responsables de la política interna del país, desde Fernando Gómez Mont hasta el actual Miguel Ángel Osorio Chong.

Esparza dice que el acuerdo hacia una reinserción laboral de unos 15 mil trabajadores en resistencia está prácticamente planchada, de ahí que exige a la administración peñista no posponer la entrega de la propuesta de convenio.

Una de las opciones, ya en el nuevo marco constitucional, de apertura a la iniciativa privada en el sector, es la recontratación de los ex empleados de LFC precisamente con las empresas que competirán por el mercado eléctrico.

El decreto de extinción puso a LFC como un organismo público altamente deficitario, con transferencias del erario, tan sólo ese año, por 41 mil 945 millones de pesos y un pasivo laboral de 240 mil millones de pesos: 81 mil millones por los entonces empleados en activo y el resto por los jubilados.

Al paso del tiempo, afirma Esparza, al gobierno le saldría más barato reinsertarnos laboralmente porque el adeudo, entre liquidaciones y fondos colectivos, asciende a unos 350 mil millones de pesos.

Apoyo al IPN

Durante un foro en que fueron leídos decenas de saludos de personas y grupos simpatizantes con la resistencia, y luego en entrevista con La Jornada, Esparza dijo que el SME es un sindicato centenario; históricamente ha apoyado a múltiples y variados movimientos sociales. El llamado es a la unidad en favor de luchas vigentes y en contra de la impunidad. La lista es larga: Atenco, Mexicana de Aviación, pueblo yaqui, magisterio, mineros, guardería ABC, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y –expresaron Esparza y su secretario del Exterior, Humberto Montes de Oca– el horror de las desapariciones forzadas de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. ¿Quién lo hizo? El gobierno, los policías. Por esto tenemos que ver cómo nos organizamos con otros referentes de lucha, señalaron.

Con los estudiantes politécnicos –afirmaron– el SME sólo ha brindado un apoyo solidario. Quien diga que nos hemos entrometido, ofende a los estudiantes del IPN.