Durante dos horas y media, unas 150 personas marcharon desde el Zócalo capitalino hasta la residencia oficial de Los Pinos pidiendo que reciban un juicio justo los ocho militares acusados de participar en el operativo en el que 22 personas fueron abatidas dentro de una bodega en el municipio de Tlatlaya, estado de México, el pasado 30 de junio. Sin embargo, en el pliego petitorio de 13 puntos que se entregó a la Presidencia el caso Tlatlaya sólo es mencionado en una ocasión.

En las demandas que plantearon los manifestantes se solicita la instalación de una mesa de negociación para revisar más de 100 expedientes de militares procesados; que se revise la actuación de la Policía Federal Ministerial Militar, a la que se ha acusado de torturar al personal militar.

En el pliego petitorio se pide que el Presidente revise el caso del general Ricardo Martínez Perea; la creación de un comité ciudadano que supervise la correcta aplicación de las leyes militares, la creación de un marco jurídico que regule la participación de las fuerzas armadas en seguridad pública y un comité ciudadano que vigile el funcionamiento de la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Por otra parte, en Tampico, Tamaulipas, un grupo de ciudadanos se plantaron en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Francisco Javier Mina en respaldo a los militares y exigieron al gobierno no satanizar a quienes han defendido a la nación desde que se le declaró la guerra al narcotráfico.

“Es injusto que se les trate como criminales primeramente sin haberlos llevado a un juicio justo; los están criminalizando. Nosotros estamos a favor de que se le haga un juicio justo a todo militar, que no se le satanice, y si los están mandando a la calle a defender, los deben mandar con la ley en la mano, no lo pueden hacer indefensos.

Exigimos que se les haga un juicio justo, porque al rato los que andan enfrentando al crimen aquí en Tamaulipas ya no van a querer defendernos, no van a querer hacer nada, porque los van a querer meter a la cárcel en lugar de meter a los delincuentes, dijo Néstor Troncoso, integrante de la organización Humanistas por el Progreso Social en esa entidad.