Mazatlán, Sin., 11 de octubre.

El líder del movimiento de desplazados de la presa Picachos, Octavio Atilano Román Tirado, fue asesinado el sábado por la mañana por dos sujetos armados que se introdujeron a la cabina de la estación radiofónica Fiesta Mexicana, donde dirigía un programa y le dispararon tres balazos y murió poco después en el hospital.

El cuerpo del activista de 47 años, quien luchó desde 2009 para que se respetaran los derechos de mil familias que se quedaron sin casa, cuando se inundó el embalse de la presa Picachos y perdieron todo, es velado en la funeraria Renacimiento.

La lucha que encabezó el dirigente campesino y pesquero fue apagada de varios balazos la mañana del sábado cuando trasmitía su programa Así es mi tierra, por la frecuencia 98.7 de FM. Los sujetos se introdujeron a la cabina, uno amenazó a los participantes invitados al programa y otro disparó en tres ocasiones contra Atilano Román. Incluso al caer al suelo le disparó en la cabeza. Herido, fue internado en el hospital Sharp, donde murió a las 11 horas.

Algunos radioescuchas informaron que a las 10:40 alcanzaron a escuchar gritos durante la trasmisión del programa y luego la señal de la radio se perdió. hasta que se restableció con música. Después se enteraron que había fallecido el líder del movimiento de desplazados.

El secretario de gobierno de Sinalo, Gerardo Vargas Landeros aseguró que se esclarecerá el asesinato y localizarán a los responsables. A la funeraria asistió también el procurador de Justicia Marco Antonio Higuera Gómez y el jefe de la policía ministerial del estado, Jesús Aguilar Íñiguez.

Un historial de luchas

Atilano Román nació en el pueblo de San Marcos, estudió administración de empresas y derecho. Se casó con Guadalupe Ponce y procrearon tres hijos. Encabezó varias protestas contra los representantes del gobierno estatal, municipal y diversas dependencias a partir de 2009 cuando se inundó el embalse de la presa Picachos y mil 900 hectáreas de la comunidad San Marcos quedaron bajo el agua. Unas 800 familias perdieron todo.

Los afectados se organizaron en el Movimiento de Desplazados por la Presa Picachos donde participó activamente con los habitantes de las seis poblaciones afectadas (cuatro de Mazatlán y dos de Concordia).

Cientos de personas exigieron a las autoridades que les otorgaran viviendas y servicios públicos a los daminificados y, para trabajar, impulsaron la formación de siete cooperativas: seis pesqueras y una turística.

Pero la lucha porque les autorizaran la salida de lanchas de pesca les llevó años. Todavía la semana pasada hicieron un plantón de cinco días y en días pa- sados también protestaron jueves y viernes para lograr la autori-zación de los permisos de pesca comercial.

Hace un año, Atilano Román acusó a funcionarios del gobierno estatal, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de la Comisión Nacional de Pesca y Acucultura (Conapesca) de estar involucrados en la autorización de permisos a gente extraña.

Los afectados insistían en que les dieran las salidas necesarias para que l89 pescadores pudieran tener trabajo y protestaban porque se les estaba autorizando a personas ajenas a su organización.

En los últimos 15 días Atilano Román y los integrantes de las cooperativas exigieron que les dieran 60 esfuerzos (lanchas) pesqueros y no las 56 que sólo ofrecían las autoridades. Sostuvieron reuniones con representantes de la Sagarpa y Conapesca sin llegar a acuerdos.

Por esa diferencia realizaron protestas en plena zona turística. Del primero de octubre al 10 hubo siete días de plantón en la explanada de la Conapesca, en la avenida Camarón Sábalo.

El mismo viernes 10 de octubre, por la madrugada, los pescadores y el líder habían levantado el plantón en la explanada de esa dependencia, pues habían logrado conseguir la autorización de 60 lanchas pesqueras, cuando el 5 de octubre, la Sagarpa y esta dependencia les habían autorizado sólo 56.

El líder había denunciado a funcionarios de Sagarpa, del gobierno del estado y de Conapesca que respaldaban a cooperativistas no afectados del embalse, por lo que exigió al comisionado Mario Aguilar Sánchez que diera a conocer quiénes pretendían ingresar a la presa.

El sábado temprano, unos 120 pescadores de la cooperativa salieron al mar y no se enteraron del asesinato de su dirigente Atilano Román.

Juicio por obstrucción a las vías de comunicación

Roman Tirado no había sido absuelto de un juicio junto con otros tres comuneros, por lo que cada mes se debía presentar al juzgado noveno. Lo acusaron de obstrucción a las vías de comunicación debido a que en 2012 encabezó una marcha por la carretera de cuota Mazatlán-Durango, donde fueron detenidos más de 130 pobladores.

Finalmente encarcelaron a 30, de los cuales 26 obtuvieron la libertad bajo fianza. Los otros cuatro permanecieron 19 días en prisión, entre ellos Atilano, Hortensia Gutiérrez, José Osuna y otro compañero, quienes salieron bajo caución pero se les seguía el juicio.

En 2013 Atilano volvió a ser detenido dentro de las oficinas de gestoría de las cooperativas de la presa, junto con 28 personas, acusados de tratar de manifestarse en las fiestas de carnaval. Todos salieron en libertad mediante el pago de fianza.

(Con información de Javier Valdez Cardenas, corresponsal)