La presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados recibió una solicitud para que el subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, encargado del despacho de la Función Pública, Julián Olivas Ugalde, investigue probables actos de corrupción y tráfico de influencias en la Secretaría de Economía (SE), sobre la autorización de concesiones mineras y actos de nepotismo ocurridos en los recientes dos años.

La solicitud, que será puesta a votación en el pleno, elaborada por los legisladores de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Moreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, también incluye la exigencia a la Auditoría Superior de la Federación, para que realice una auditoria especial apoyada técnicamente por la UNAM, para verificar que las reservas certificadas de minerales durante la actual administración federal correspondan a la realidad.

Ambos representantes señalaron que la SE, responsable de la explotación minera en México, ha manifestado una pobre respuesta a la contingencia que significa el derrame de sulfato de cobre acidulado en los caudales de los ríos Bacanuchi y Sonora, responsabilidad esto, de la empresa Minera Grupo México.

La propuesta de puntos de acuerdo también advierte que Mario Alfonso Cantú Suárez, coordinador general de Minería de la SE, es responsable de otorgar los permisos a particulares para explotación de minas, pero también tendría que revisar puntualmente que las empresas beneficiadas del sector se apegaran a la ley.

Lamentablemente dicho organismo se ha abstenido de dar la cara frente a la ciudadanía, y mucho menos ha exigido a la empresa responsable del desastre reparar el daño, o por el contrario, suspenderle la concesión.

Tanto Monreal Ávila como Mejía Berdeja insistieron en que el expediente contra la SE y sus funcionarios se engrosa al existir denuncias por actos de corrupción, tráfico de influencias y nepotismo. Entre ellas:

“Denuncias de personas físicas y morales que declaran ser víctimas de funcionarios que condicionan la expedición de concesiones a cambio de dinero, o la participación en las empresas hasta en 50 por ciento de la propiedad.

“Acusaciones de certificaciones poco confiables de las reservas de minerales en algunas concesiones a las que se ofrecen el servicio de apoyos económicos, donde las instancias del Fideicomiso de Fomento Minero las utilizan con base en reservas presuntamente apócrifas.

Y presuntos actos de nepotismo y tráfico de influencias por contratación de familiares en algunos de los órganos bajo su control.