a criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos es una constante en México. Las organizaciones de la sociedad civil han documentado en diversas ocasiones los modos en que se opera desde el Estado: imputa delitos que ameritan cárcel, impone altas fianzas imposibles de solventar y emprende una constante persecución contra aquellas personas que osan levantar su voz para denunciar las injusticias que sufren las personas y pueblos en nuestro país. El caso Bettina Cruz Velázquez, quien es una mujer indígena Binnizá, cofundadora e integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), es muestra de cómo los malos gobiernos imponen flagelos a las personas defensoras de derechos humanos, sin importar su etnia.

El trabajo de Bettina Cruz se remonta a 2007. Junto a su comunidad, aquel año inició la defensa del territorio frente a los intereses de empresas trasnacionales en la instalación de generadores de energía eólica en tierras comunales y ejidales de los pueblos Ikjoots y Binnizá. El 13 de abril de 2011 se realizó una manifestación pacífica frente a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Juchitán, Oaxaca, por las altas tarifas de luz y frente a la decisión del gobierno de otorgar convenios ilegales que permitieron la construcción de parques eólicos. Situaciones padecidas directamente por los pueblos indígenas de la región. Posteriormente, la CFE interpuso una demanda contra Bettina Cruz, a quien gratuitamente señaló como la dirigente social del grupo, que presuntamente había impedido la entrada y salida de los trabajadores que se encontraban en las instalaciones durante la protesta. Hacia septiembre de 2011 se había ya girado aceleradamente una orden de aprensión contra la defensora de derechos humanos. Todo se consumó en febrero de 2012, cuando fue detenida de manera arbitraria, y posteriormente liberada, al pagar una fianza. A pesar de ello, en ese mismo mes, seis días después de ese primer incidente, se dictó auto de formal prisión en su contra.

En esa ocasión, la denuncia unánime, por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos, fue que los actos de criminalización que el Estado realizaba en contra de Bettina pretendían inhibir e impedir la labor de defensa que realizaba en la región. Ella no obstante ha acudido por más de dos años a cumplir con las diligencias del proceso judicial en su contra. En estos días está próxima a enfrentar la sentencia que emita sobre su caso el juez sexto de distrito en Salina Cruz, Oaxaca, y por ello el pasado 29 de septiembre, como terceros interesados en el juicio, más de 300 organizaciones civiles entregaron en ese juzgado un documento de Amicus Curiae (Amigo de la Corte). Las organizaciones explican en él de manera detallada, amplia y sobradamente la inexistencia de elementos indispensables para que se considere a Bettina como responsable de los delitos que se le imputan. Primero, porque ella no se encontraba en el lugar de los hechos donde supuestamente se realizaron los delitos. Segundo, porque la CFE no presentó pruebas suficientes para que se sostuviera la acusación, además de que en todo momento las y los trabajadores pudieron salir del inmueble, pues la puerta trasera no se obstruyó en lo más mínimo. Tercero, porque jamás se acreditó en detalle la puesta en peligro de algún bien jurídico. Por último, porque Bettina es defensora de derechos humanos, y por lo tanto el Estado está obligado a no impedir que realice y ejerza el derecho que toda las personas tenemos a defender derechos humanos.

Las organizaciones proporcionaron también argumentos sólidos sobre la legítima actividad de defensa de derechos que Bettina ha realizado en Oaxaca, y al unísono piden la absolución de los cargos que pesan sobre ella. Con base en estándares internacionales de derechos humanos, que robustecen el contexto en que deben encuadrarse los hechos, en relación con los derechos a la libertad de expresión y a la protesta social, desarrollaron también razonamientos obligatorios y válidos. No sobra decir que sobre este caso incluso la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se manifestó en su favor. En su informe del año 2012 dijo que se trata de un asunto emblemático de criminalización contra las personas defensoras de derechos humanos hoy en México. Y puntualmente refirió que Lucila Bettina Cruz Velázquez, cofundadora de la APIIDTT, ha liderado una serie de campañas a favor de los derechos de los pueblos zapotecos e ikoots que han expresado su oposición a proyectos eólicos en la región. Y que desde 2011 ha sufrido amenazas y hostigamientos por su participación en el Comité de Resistencia al proyecto eólico de Unión Hidalgo. La sentencia, de ser contraria, puede condenarla hasta a 10 años de prisión, lo que sería a todas luces inmerecido. Sabemos ahora de sobra que precisamente por su papel de defensora de derechos indígenas, por informar y capacitar a las y los pobladores, y por hacer gestoría e incidencia en favor de las comunidades –que poco a poco son despojadas de sus territorios– es por lo que enfrenta al inhumano sistema penal, manipulado a favor del control y la represión estatal.

México se encuentra en una situación de emergencia: la violencia llega a todos los grupos de la sociedad, pero sobre todo golpea fuerte a los grupos que mayormente son colocados en una situación de vulnerabilidad. Son los pueblos indígenas y campesinos, los jóvenes estudiantes, las mujeres, niñas y niños, así como las personas migrantes, quienes hoy día son víctimas de este sistema de muerte. Bettina no merece ir a la cárcel. Si así fuera, entonces México nuevamente se llenaría de indignación. Si es que todavía puede haber más en medio de la desgracia que estamos viviendo en toda la sociedad.