En Guerrero y Sinaloa se comete el mayor número de homicidios dolosos con arma de fuego, respecto al tamaño de su población. La primera pertenece también al grupo de entidades con más rezago en cuanto a evaluación de su policía.

De enero a agosto de este año, fueron denunciados en la fiscalía guerrerense mil 29 casos de homicidios dolosos, situación que lo coloca con la tasa más alta del país de este delito; en la mitad de los hechos se utilizaron armas de fuego.

El nivel de uso de estos artefactos es de los más altos a escala nacional, sólo por debajo del estado de México (la entidad más poblada del país), con 869 homicidios en esta condición, y Sinaloa, muy cerca en la estadística, con 580.

También presenta una elevada incidencia en cuanto al número de lesiones consignadas en una averiguación previa o acta circunstanciada y se ubica en el primer bloque de los estados punteros en secuestro, robos y violaciones sexuales.

En el caso de los homicidios dolosos cometidos con arma de fuego, Guerrero reporta en los primeros ocho meses del año 537 casos. También con una situación delicada en cuanto el uso de estos instrumentos está Chihuahua, con 450.

Para medir la magnitud de tener cientos de asesinatos con armas, se puede mencionar a los estados con menor incidencia. La diferencia es amplia; de enero a agosto pasado Yucatán tuvo 4 casos y Baja California Sur, diez.

En un contexto más general, Guerrero acumula en lo que va del año una tasa de homicidio de 29.01 por ciento, seguido por Sinaloa, 23.22; Chihuahua, 20.36, y Michoacán, 15.27 casos por cada 100 mil habitantes.

El récord de los años recientes lo tiene Chihuahua, cuando en 2010 alcanzó una tasa de homicidios de 110 por ciento; sin embargo, ha disminuido este indicador, de tal modo que a partir de 2012, Guerrero rebasó a Chihuahua. Desde entonces mantiene el número uno del país en cuanto a asesinatos.

En cuanto a los programas de prevención del delito, el gobierno federal hizo énfasis en la atención de Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo, más no en Iguala, actualmente en crisis por la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Respecto a controles de confianza, los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que el entramado de evaluación policial de Guerrero ya fue evaluado pero no revaluado y está en el grupo de las entidades con un menor avance en cuanto a exámenes y certificación de la plantilla activa.

Si bien todas las entidades del país aparecen en rubro de acreditados (así como tres federales: Procuraduría General de la República, Comisión Nacional de Seguridad e Instituto Nacional de Migración), en la etapa de revaluación no aparece Guerrero, según los datos del Centro Nacional de Información y el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.