latlaya e Iguala, junto con Sonora, son tres versiones trágicas de la incompetencia de gobernantes priístas, perredistas y panistas. ¿Incompetencia? Me quedo corto. Se trata de crímenes inocultables del poder contra la población o segmentos de ésta.
Cuando digo poder no me refiero sólo a quienes ocupan gobiernos estatales (de México, de Guerrero y de Sonora) ni presidencias municipales, sino a los delincuentes que todos ellos cobijan con muy probable complicidad. Para el caso da lo mismo que los delincuentes sean del Grupo México (dueño de minas, ferrocarriles y más, que explota a sus anchas e impunemente los recursos del país) que de narcotraficantes en casi toda la geografía nacional (¿dónde no?). Ellos son empresarios, unos llamados legales y otros claramente ilegales que, como bien se sabe, cada vez con mayor nitidez, cuentan con oscuros nexos con gobernantes inescrupulosos y corruptos y sus denominadas fuerzas del orden (militares y policías, destacadamente).
El gobierno federal, como hemos visto, ha tratado de ocultar hasta donde ha podido su encubrimiento a estos y otros lamentables episodios. Si ha tenido que intervenir como si estuviera por encima de tales sucesos, se ha debido a la presión internacional de organizaciones y gobiernos que han demandado investigaciones hasta sus últimas consecuencias. Ya veremos si las indagaciones son llevadas, de verdad, hasta esclarecer y juzgar a los criminales o sólo simulan realizarlas usando el tiempo a su favor o creando chivos expiatorios para darle gusto a la opinión pública. No olvidemos que el caso Tlatlaya fue descubierto y convertido en noticia mundial gracias a una agencia de noticias extranjera que, por cierto, no goza de fama siquiera progresista; y que antes de ese descubrimiento las autoridades civiles y militares habían dado otra versión, ahora digna de vergüenza nacional por lo que se trató de ocultar (no puedo evitar la analogía con el encubrimiento que hicieron los gobiernos de Díaz Ordaz y Echeverría del papel de militares, policías y paramilitares en 1968 y 1971).
No puedo estar de acuerdo con quienes casi han condicionado la renuncia de un gobernador supuestamente perredista (Guerrero) a que también renuncie el priísta del estado de México. Esta propuesta, presentada por Jesús Ortega a Osorio Chong ( La Jornada, 8/10/14), es inaceptable, es como negociar culpabilidades: si castigas al mío hazlo también con el tuyo. Los dos, sin condiciones de ninguna especie, deberían ser investigados y eventualmente juzgados por la responsabilidad que les toca en Tlatlaya y en Iguala. Un gobernador, del partido que sea y a pesar de la formal autonomía de los municipios de su entidad, es responsable de la legalidad/ilegalidad en que operan las autoridades de su ámbito de gobierno. Si no, ¿para qué está ahí? Si sabían lo que se estaba gestando o no, de ninguna manera pueden salir bien librados. Ninguno de estos crímenes se dio por generación espontánea. La pudrición ya estaba ahí, como en muchos otros lados, y es obligación de los gobernadores detectarla, prevenirla en su caso y, desde luego, actuar en consecuencia. No son inocentes. Son o han sido, como otros, encubridores (si no cómplices).
