Al comentar el informe del Comité sobre las Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el que hace señalamientos al gobierno mexicano sobre que parte de los recursos del Estado para las personas con discapacidad sean administrados por un ente privado como Teletón, Jesús Toledano Landeros, director del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad (Conadis), sostuvo:

Esa iniciativa no recibe financiamiento del gobierno federal, pero sí de algunos estados. No es un programa de gobierno, no sustituye la política de salud del gobierno.

Toledano Landeros, quien fue el responsable de sustentar en Ginebra, Suiza, el informe del Estado mexicano ante ese comité, comentó que en el caso de la recomendación sobre las campañas que realiza Teletón, coinciden con Naciones Unidas, ya que en aras de conseguir recursos Teletón acude a la conmiseración, presenta estereotipos de personas que requieren caridad. Eso, precisó, será modificado.

En entrevista con este diario, el funcionario destacó: Le vamos a plantear a la empresa a la que pertenece esa iniciativa que dé un giro a sus campañas, que deje el enfoque de caridad y cumpla con lo que establece la Constitución.

Abundó: “Teletón sabe de esta recomendación, ellos la conocen muy bien. Vamos a trabajar con ellos para que modifiquen la imagen y mensajes que proyectan en la televisión con toda la infraestructura de la empresa a la que pertenecen.

“Esa iniciativa es un mecanismo que requiere recursos para continuar su proyecto, pero las campañas publicitarias y de difusión se pueden realizar de manera distinta, deben estar orientadas no a fomentar que los discapacitados sean vistos como personas que requieren caridad, sino todo lo contrario.

La ley dice que deben fomentar la cultura de respeto a sus derechos, que son personas capaces de salir adelante.

Manifestó que puede haber alguna confusión en el Comité de la ONU respecto de Teletón. Es una iniciativa privada. El gobierno tiene un programa para la rehabilitación de estas personas, que es el Instituto Nacional para la Rehabilitación, y en 2013 atendió a poco más de 300 mil personas.

Toledano Landeros se refirió también a la recomendación que hizo la ONU al gobierno mexicano respecto de la esterilización forzada de mujeres, niñas y adolescentes, que pidió sea investigada.

La esterilización forzada de mujeres y niñas en esa condición no es política del Estado, pero sí puede haber persona o personas que incurren en esa acción delictiva, por lo que el gobierno federal lo va a investigar a fondo, dijo.

Añadió que pidieron a ese comité de la ONU que dé a conocer los casos que tiene sobre mujeres y niñas esterilizadas de manera forzada en el país para investigarlos.

Por su parte, el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio, al comentar las dos recomendaciones que el Comité de la ONU hizo al Estado sobre Teletón, eludió el tema y señaló: México está viviendo un proceso de cambio de paradigma de la discapacidad. Este es el gran aporte mundial: dejar de verla como un problema médico asistencialista y verla desde la perspectiva de los derechos.

–El comité dice que Teletón presenta la discapacidad como caridad– se le planteó.

–Podemos homologar caridad con asistencia. Antes de la actual Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad, México hizo 32 leyes estatales y una Ley General, la de 2005, con mayor o menor nivel tenía esa perspectiva. Hay que modificar las leyes.

El titular del Conapred consideró que hay una gran coincidencia en la visión del gobierno con lo que marca la ONU de lo que falta por hacer. La mayoría de las recomendaciones tienen una clara aceptación.

Por su parte, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, Diva Gastélum (PRI), manifestó: en cuanto al informe de la ONU estoy segura de que el gobierno lo va a aceptar casi en su totalidad, ya que hizo lo mismo con las observaciones de Examen Periódico Universal (EPU).

En el caso de las esterilizaciones forzadas a las que alude el documento, deben ser investigadas, concluyó.