Caracas, 6 de octubre.

El asesinato del legislador socialista Robert Serra ocurrido el pasado 1º de octubre en la capital de Venezuela, revela la presencia de militarismo en nuestro país, afirmó hoy el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres.

El homicidio del legislador del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y de su compañera María Herrera, obedeció a la orden de alguien, afirmó el funcionario en su programa radiofónico semanal A Toda Vida Radio.

Sin duda, obedeció a alguien que quería acabar con la vida de ese importante líder de la juventud del PSUV, afirmó Rodríguez Torres. Aseguró que los responsables del crimen no fueron a robar a la residencia de Serra en la capital venezolana, ni a secuestrar al legislador, sino exclusivamente a matarlo.

Explicó que los homicidas no tocaron el maletín con la computadora portátil del legislador ni su tableta, artículos que tienen un valor económico para un ladrón normal. Hubo un trabajo previo de vigilancia, de conocimiento para saber exactamente cuál era la rutina de Serra y de quienes le acompañaban, dijo.

El funcionario también criticó los pronunciamientos hechos por representantes opositores sobre el caso. Hacen ver que ese crimen es imputable a la inseguridad ciudadana como delincuentes comunes, tratando de justificar lo injustificable, afirmó Rodríguez Torres en su programa radial.

“Los autores intelectuales, radicales”

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el también legislador oficalista del PSUV Darío Vivas acusó a los sectores de la derecha que llamó radicales de ser los autores intelectuales.

Aseveró que grupos extremistas de la oposición nacional adoptan prácticas del paramilitarismo colombiano para intentar generar terror entre la población.

Mientras, varias decenas de venezolanos se manifestaron este lunes en Miami contra de la senadora demócrata estadunidense Mary Landrieu, quien trabó un paquete de sanciones contra funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro en el Congreso estadunidense.

Landrieu ha alegando que podrían afectar las actividades de Citgo, filial en Estados Unidos de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que tiene una refinería en Luisiana.

En Florida residen unos cien mil venezolanos, muchos de ellos llegados durante los gobiernos chavistas.