n el mar de sangre que vive el país, también por sus desaparecidos, hay una excepción
: el inesperado diálogo público
que propiciaron las columnas en marcha del Instituto Politécnico Nacional con el secretario de Gobernación, y que se resolvió sustancialmente el viernes frente a esa secretaría, con los resultados siguientes:
Se reconoce como legítimo el movimiento estudiantil del Politécnico. Se reitera que no habrá represalia contra ningún miembro de la comunidad politécnica. El gobierno mantiene el diálogo abierto. Asume, además, el compromiso de incrementar el presupuesto a la educación. Se reconoce la calidad académica del IPN. La SEP instruirá para que se prohíban las pensiones vitalicias a los ex directores del IPN. La policía bancaria dejará de prestar sus servicios a partir de que se diseñen nuevos servicios de vigilancia. La SEP cancela la aplicación del reglamento interno aprobado en septiembre de 2014 y los nuevos planes de estudio propuestos por la ex directora. Se acepta la renuncia de la directora del IPN, Yoloxóchitl Bustamante.
Habrá que precisar que la respuesta formal de los estudiantes se dará a conocer después de que las asambleas de las distintas escuelas del IPN las aprueben.
Queda, pues, resuelto en lo fundamental el pliego petitorio presentado por los estudiantes del IPN, quedando por estructurarse sobre todo la cuestión, digamos, del gobierno democrático
de la institución, cuya solución final está por resolverse. Habrá que decir además que los politécnicos agregaron como exigencia suya que el gobierno federal coadyuve en la localización de los 43 estudiantes secuestrados en Iguala.
Habría que decir, por lo demás, que algunos investigadores de alta calidad del mismo Politécnico fijan en no menos de 15 años la degradación educativa de la institución y fijan ese declive precisamente en la degradación neoliberal que ha sufrido, y que sería la causa de su actual crisis. Habría en el Politécnico un choque de tendencias. Por una parte estaría lo que llaman la ”nacionalista fundacional”, y por otra una restructuración neoliberal que ha originado el actual problema. Por lo que se ve, esta batalla se ha decidido por lo pronto, a lo menos parcialmente, pero también de manera sustancial, en favor de la corriente nacionalista fundacional
y en contra de la neoliberal
. Esta última estaría conformada por la reducción de los costos por alumno, por la restricción de los derechos políticos de la institución y de los mecanismos de expresión del estudiantado, por la precarización de las condiciones laborales de los docentes, por la apertura de la infraestructura del Poli a la iniciativa privada y por la eliminación de los candados que exigían que los directivos de la institución hubieran realizado sus estudios en ella ( La Jornada, 3/10, p. 42).
Precisamente el repudio masivo de los estudiantes del Politécnico se refirió esencialmente a esos problemas, además de que las autoridades anteriores, contra ellos, empujaban a los estudiantes a tomar en el menor tiempo posible salidas laterales técnicas
que los degradaban como profesionistas y atentaban contra la calidad de los estudios en la institución. Además de que los reglamentos del Poli, casi cada año, han limitado gravemente los derechos de los estudiantes a participar en puestos de representación estudiantil en los respectivos consejos. Por lo demás, enfatizan los mismos investigadores, que en su espíritu original el politécnico se orientaba a una clara integración social
, en tanto que ahora se trata de una evidente integración empresarial
, que rechaza indignada la mayoría.
En una palabra, de manera harto inusitada nos encontramos con un movimiento que estalló no porque se añadieran cargas excesivas a los estudios, sino precisamente por lo contrario: por su devaluación profesional simplemente a causa de las supuestas exigencias del mercado, desatendiéndose brutalmente las legítimas aspiraciones de formación profesional más rigurosa que desean los estudiantes.
Estos han sido algunos de los elementos centrales del actual conflicto que no son fáciles de superar, pero que ya han dado lugar a que aparezca el concepto de autonomía, como una de las salidas llemémosla revolucionaria y más consistente a la actual situación. Tal vez… Sin ignorar los problemas que se plantean en un sentido político-académico, como sin duda existen, por ejemplo en la UNAM. Pero de todos modos, el concepto de autonomía parece estar en el horizonte… Eso sí, añadiríamos que este camino conduce necesariamente a lo que debería ser una genuina autonomía democrática y no una simple autonomía que origine nuevas élites…
Hemos de decir además que, al lado de esta muestra de civilidad y de cultura política profunda que ha dado el Politécnico, de allí su fuerza, en la cual ganaron rotundamente las dos partes, la opinión pública ha visto, aterrada, dos hechos sangrientos que nos remiten nuevamente a los más dramáticos y salvajes hechos de nuestra historia política: la masacre, el asesinato a mansalva de 22 personas en una bodega en Tlatlaya, estado de México. Cuando menos tres meses después de que tanto el Ejército como el gobierno del estado de México ocultaron o quisieron que pasara desapercibido ese crimen, que salió a la luz por periodistas estadunidenses y nacionales, que naturalmente sigue levantando preguntas sin respuesta: por ejemplo, ¿tres soldados –los hasta ahora consignados– fueron los únicos que participaron en la masacre? ¿Quién dio la orden o el permiso? Ante la magnitud del hecho parece realmente ridículo el número actual de consignaciones, de modo que el asesinato sigue suscitanto más preguntas que respuestas. ¿Hasta esa respuesta mínima y sin sentido son capaces de llegar las autoridades federales? ¿Se corregirá el dislate? Lo veremos pronto.
El otro hecho sangriento y vergonzoso ha sido el asesinato en Iguala de al menos seis personas del gremio estudiantil, 12 heridos, la muerte de un futbolista prácticamente niño y del chofer del autobús en que viajaba un equipo de ese deporte. Además, hecho mayor: la desaparición de 43 normalistas sobre los cuales, al parecer, se ha iniciado ya la búsqueda con padres de familia y policías en esfuerzos combinados, aparentemente sin resultados positivos (el viernes 3 de octubre, cuando se escriben estas líneas).
Como resultado del diálogo de los politécnicos con la Secretaría de Gobernación, parece que también se acordó la ayuda del gobierno federal en esta búsqueda. También veremos sus resultados, aunque ahora es claro que se trata de violaciones muy graves a la ley, por las autoridades de Iguala y desde luego por los jefes policiacos y la policía de esa ciudad. En todo caso, el gobierno de Peña Nieto está absolutamente obligado a llegar al fondo de todos estos hechos, desde luego en el asesinato de las 22 personas de Tlatlaya y de los múltiples asesinatos y desaparecidos de Iguala.
(Habría indicios de que los cadáveres encontrados en varias fosas clandestinas en la región de Iguala podrían ser de los normalistas desaparecidos. ¡Eso sólo añadiría horror al horror!)
