El discurso del gobierno mexicano ante la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas (CMPI) organizada por Naciones Unidas en Nueva York es un doble discurso porque el presidente Enrique Peña Nieto fue a decir que se respetan los derechos de los pueblos indígenas en México cuando lo que ocurre en la realidad es que son violados diariamente por las concesiones a industrias extractivas y eólicas y ahora la reforma energética, sin consulta previa, libre e informada en tanto se criminaliza, reprime y encarcela a quienes defienden su tierra y territorio.

Coincidieron en lo anterior la Alianza de Mujeres Indígenas de Centro América y México; la Coordinadora Regional de la Policía Comunitaria de la Costa Chica y Montaña de Guerrero; la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio y Asociadas por lo Justo.

Integrantes de las citadas organizaciones valoraron avances registrados en la declaración surgida de la CMPI –realizada el 22 y 23 de septiembre– y subrayaron la necesidad de romper "la dinámica de simulación" que lleva a suscribir documentos como la citada declaración pero a nivel internacional, se ha intensificado la violación sistemática de los derechos de los pueblos indígenas.

Criticaron que no hubo suficiente representación de los pueblos indígenas en el acto internacional, sino asistencia de funcionarios de alto nivel de los gobiernos. Señalaron, asimismo, que en la declaración final de la CMPI quedaron fuera por la negativa de algunos gobiernos, aspectos como la militarización que ocurre en muchos territorios indígenas del mundo, entre ellos en México.

Guadalupe Martínez dijo que sus compañeros indígenas subrayaban que la declaración de la CMPI tenía que ir hacia la defensa de la tierra y territorio de los pueblos, en tanto que la condena contra la violencia hacia las mujeres indígenas y la defensa de su derecho a la salud sexual y reproductiva no era lo importante.

Felícitas Martínez hizo hincapié en que en México hay hostigamiento y persecución de los dirigentes indígenas como prueban el encarcelamiento de varios de sus compañeros Policías Comunitarios y de Arturo Campos, coordinador de la CRAC, del dirigente yaqui Mario Luna, del opositor a La Parota, José Antonio Suástegui, y de la propia Bettina Cruz.

Esta última informó que está sujeta a proceso judicial, en libertad bajo fianza, acusada por los delitos de privación ilegal de la libertad y contra el consumo y la riqueza nacional –delitos por los que podría ser condenada a entre cinco y 10 años de prisión– y espera que el juez sexto de Distrito de Salina Cruz, Oaxaca, emita la sentencia que definirá su situación legal.

Este lunes fue entregado al citado juez un documento Amicus curiae (Amigos de la Corte o del Tribunal) suscrito por más de 200 organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en el que plantean al juzgador algunas consideraciones jurídicas que argumentan la inexistencia de los elementos necesarios para estimar acreditado el delito y la responsabilidad penal de la procesada.