El problema de la migración no se va resolver con la militarización de la frontera o el levantamiento de muros, dijo ayer el ombudsman de Honduras, Roberto Herrera Cáceres, quien visita México para asistir a una reunión internacional de defensores de derechos humanos.

Agregó que la migración forzada es cíclica y existirá mientras no se encuentre una solución permanente que permita invertir en el desarrollo humano y haga ver a la población la posibilidad de progresar y tener condiciones de vida digna en sus lugares de origen.

Luego de dialogar con integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo que en lo va de este año México ha deportado 33 mil hondureños, cifra ligeramente superior a los 31 mil registrados en 2013, según organizaciones sociales hondureñas.

Quisieramos no ser un país expulsor de migrantes, porque sabemos que un país expulsor es el que tiene la máxima responsabilidad en la violación de los derechos humanos, al no asegurar las condiciones básicas de vida y de seguridad interna, expuso.

El comisionado nacional de derechos humanos de Honduras agregó que en su país hay denuncias y quejas de los migrantes por violaciones a sus garantías fundamentales en su tránsito hacia Estados Unidos. Por ello dijo que el gobierno hondureño ha pedido a sus cónsules verificar la realidad de esas inconformidades para que se tomen las medidas necesarias que inhiban dicha situación, en tanto se encuentra una solución más permanente.

Institucionalidad sólida

Añadió que “en México hay una institucionalidad bastante sólida en la materia, como es la ley de migración, que garantiza un trato digno a los indocumentados, y la de víctimas, que también es muy avanzada. En este sentido informó que ha dialogado con su homólogo mexicano para que el tratamiento que se aplica a los migrantes se base en dichas normas.

Frente a las quejas sobre personas no localizadas que hay en su país, se refirió a la posibilidad de instaurar un programa conjunto con organizaciones sociales y su embajada, para saber si se encuentran en centros de detención de migrantes, si llegaron a Estados Unidos o tuvieron un final trágico.

Sobre el caso de su connacional Ángel Amílcar Colón Quevedo, detenido en Tepic, Nayarit, acusado de cometer delitos contra la salud y delincuencia organizada, recordó que ha sido calificado por Amnistía Internacional como preso de conciencia y que su proceso ha tenido diversas irregularidades, entre ellas que no recibió asistencia consular.

El ombudsman señaló que su expediente está para la formulación de conclusiones a más tardar el 23 de octubre, y pidió que la decisión final se base en las pruebas objetivas de las condiciones en que fue arrestado, la denuncia de tortura y los elementos que muestran que no ha tenido el debido proceso.