El procurador general de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, afirmó que tres de los ocho militares detenidos por el abatimiento de 22 personas en el municipio mexiquense de Tlatlaya realizaron “una serie de disparos que no tenían justificación.

Los mataron tras un enfrentamiento que duró de ocho a 10 minutos, en hechos ocurridos dentro de una bodega que se localiza en el poblado de San Pedro Limón, el pasado 30 de junio, señaló.

En un breve encuentro con medios de comunicación, realizado en los pasillos del edificio donde se localiza la sala de prensa de la PGR, y acompañado por el titular de la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM), Jesús Gabriel López Benítez, informó que los soldados se enfrentaron a un grupo de delincuentes, lo cual, dijo, puedo afirmarlo con toda claridad.

Anunció que la dependencia a su cargo acusará formalmente de homicidio a tres de los ocho militares que se encuentran detenidos por esos hechos.

Al dar un informe sobre los avances de la investigación que realizó el Ministerio Público Federal, mencionó que con base en diversos peritajes e interrogatorios, “nos queda claro que en un primer momento, como señalan todos los participantes que pueden declarar, hubo un enfrentamiento que duró alrededor de 10 minutos entre el personal militar y un grupo de delincuentes –hoy podemos decirlo con toda claridad– que se encontraban en el interior de una bodega”.

Sin precisar qué hicieron dos de los ocho militares detenidos por la matanza de las 22 personas en Tlatlaya, explicó que afuera de la bodega se quedaron un teniente, porque estaba asistiendo a un soldado herido, y otro más que tenía las funciones de chofer.

De los tres que serán acusados de homicidio en el ámbito de la justicia civil, puntualizó que “al cesar los disparos (del enfrentamiento inicial) ingresaron a la bodega (…), donde realizaron una secuencia nueva de disparos que no tenían justificación alguna” y ejecutaron a los presuntos delincuentes que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señaló como integrantes de un grupo de secuestradores.

(Se consignará) a los tres que entraron a la bodega y que podemos determinar con precisión que desde su ubicación hubo una trayectoria de disparo hacia donde encontramos las huellas de sangre y los cadáveres.

Dijo que ante ello, la PGR tomó la determinación de culminar la averiguación previa en una acusación de homicidio en relación con los tres participantes que dispararon, según las pruebas periciales que se han realizado.

Esto, independientemente de que a los ocho la Sedena les está siguiendo los procesos castrenses que corresponden por desacato, fallas a la ley militar, fallas de disciplina y desobediencia, resaltó Murillo Karam.

Aseguró que mañana se presentará ante un juez federal la solicitud para que se libere la correspondiente orden de aprehensión contra los soldados involucrados en la muerte de 22 personas.

Agregó que a los otros se les acusará “por las razones que pudieran aparecer tanto en el Código Militar como en términos del Código Penal Federal en razón de su actividad.

Con lo que ya tenemos es suficiente para determinar el exceso de la fuerza y la tipificación del delito de homicidio, mencionó el funcionario federal.

Por otra parte, el juzgado sexto militar dictó auto de formal prisión contra un teniente y siete elementos de tropa involucrados en este caso.

Según fuentes cercanas a la defensa de los soldados, la PGJM les imputa haber desobedecido la orden superior de únicamente realizar acciones de patrullaje: la decisión judicial se basó en que los militares tenían la orden de patrullar la zona, pero no podían hacer pesquisas y mucho menos aplicar un operativo sin la orden judicial correspondiente.

Los militares fueron sujetos a proceso penal el pasado 25 de septiembre por la comisión de delitos contra la disciplina castrense, desobediencia e infracción de deberes comunes a los elementos del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana.

Los delitos por los que fueron consignados en el fuero castrense no son graves, aunque los entrevistados revelaron que hay fuertes presiones del gobierno de Estados Unidos y de organizaciones no gubernamentales extranjeras para que la PGR actúe penalmente contra los soldados, aun cuando éstos ya declararon ante el Ministerio Público Federal que son inocentes de los hechos que se les imputan y que la muerte de los presuntos delincuentes fue producto de un tiroteo.

Los entrevistados agregaron que hasta el momento la Procuraduría General de Justicia Militar no ha ejercido acción penal contra los superiores de los soldados acusados por una testigo presencial de haber dado muerte a 22 presuntos delincuentes en Tlatlaya (21 que habrían sido ajusticiados y uno más que murió en el tiroteo con los soldados), según relató a la revista estadunidense Esquire.