Marisela Morales Ibáñez, ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR) y actual cónsul de México en Milán, Italia, ya rompió récord, al convertirse en la ex fiscal general del país que luego de dos años de haber dejado el cargo enfrenta más denuncias penales.

De acuerdo con funcionarios de la PGR, Morales enfrenta al menos 19 denuncias penales por delitos contra la administración de la justicia. Entre enero de 2013 y julio pasado, ha sido acusada por abogados penalistas, ex funcionarios, ex agentes del Ministerio Público, ex policías y políticos de los delitos de revelación de secretos, abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones e intimidación, considerados como antijurídicos y contra la administración de justicia.

Quienes ahora imputan a Morales conductas contrarias a derecho fueron acusados durante el sexenio de Felipe Calderón de tener vínculos con el crimen organizado, mediante la manipulación de testigos protegidos.

Destaca el caso del ex gobernador Tomás Yarrington, quien contrató al penalista Marco Tulio Ruiz Cruz, profesor en la Escuela Libre de Derecho. Tras varios meses de litigar el asunto ante funcionarios de la PGR, Ruiz Cruz logró que la actual cónsul compareciera por escrito desde Milán.

Fuentes allegadas al caso dijeron que la ex procuradora fue requerida para que rindiera su testimonio en una de las averiguaciones derivadas de las denuncias del ex mandatario estatal. Días después entregó su escrito ante el Ministerio Público Federal, aunque no se revelaron detalles del contenido.

La denuncia elaborada por el penalista Marco Tulio Ruiz, y firmada por Yarrington, es por el supuesto delito contra la administración de la justicia, previsto en el artículo 225, fracción 10, del Código Penal Federal, el cual deriva de una queja que en diciembre pasado presentó la defensa del ex gobernador tamaulipeco por la divulgación de información de la averiguación previa por la cual se ordenó su aprehensión.

En la denuncia también se acusó el presunto cateo ilegal de sus domicilios en Tamaulipas.

En agosto de 2012 el juez segundo de distrito en materia penal en Tamaulipas, Gabriel Alejandro Palomares, ordenó la captura del ex gobernador por delitos contra la salud, ya que supuestamente tuvo nexos con el cártel del Golfo y Los Zetas. Pero Palomares rechazó girar la orden de aprehensión contra Yarrington por delincuencia organizada. Desde entonces Yarrington se encuentra prófugo de la justicia.

La acusación contra el político se basa en los dichos de los testigos protegidos Óscar, Pedro, Ángeles, Pitufo, Yeraldín y Rufino, algunos sujetos a proceso por ser delincuentes confesos y colaboradores de la justicia estadunidense.

Otros ex funcionarios que han denunciado a Morales son el ex director de la Interpol México Rodolfo de la Guardia García (por presuntos ilícitos en el manejo de testigos protegidos durante la llamada Operación Limpieza), y Arturo Herrera Valles, ex comisario de la Policía Federal en Tabasco (por presuntamente manipular testigos para encarcelarlo con declaraciones falsas).