Buenos Aires, 29 de septiembre.

El gobierno de Argentina informó que es inconcebible que la justicia de Estados Unidos declare en desacato al país austral, por no cumplir una orden que lo obliga a pagar bonos incumplidos a fondos de cobertura con los que enfrenta una dura batalla judicial. Y es que el juez Thomas Griesa declaró hoy en desacato al país por negarse a cumplir la sentencia que lo obligaría a pagar deuda sin restructurar de los fondos buitres.

La administración de la presidenta Cristina Fernández se ha negado a obedecer el fallo de la justicia de Estados Unidos, que ordena el pago de toda la deuda que mantiene con acreedores que no aceptaron los canjes que Argentina lanzó en 2005 y 2010.

El juez de distrito Thomas Griesa ya bloqueó en junio un pago de deuda restructurada de Argentina y, ante la falta de respuesta del país, amenazó con declararla en desacato, en una audiencia con los representantes legales del país en Nueva York.

“Es total y absolutamente inconcebible que los litigantes hayan considerado que un juez local pueda declarar a un Estado extranjero ‘en desacato”’, señaló el Ministerio de Relaciones de Exteriores argentino, a través de una carta dirigida al secretario de Estado estadunidense, John Kerry.

La carta, firmada por la embajadora argentina en Estados Unidos, Cecilia Nahón, y leída por el canciller Héctor Timerman, señala que el país norteamericano es responsable por los actos de su Poder Judicial.

Timerman dijo que el pedido para que se declare a Argentina en desacato “es una acción desesperada de los fondos buitres”, que no aceptaron los canjes de deuda de 2005 y 2010, que abarcaron a cerca de 92 por ciento de los tenedores de bonos.

En una presentación escrita que hizo el lunes –previa a la audiencia– ante el juez Griesa, difundida por los medios, el gobierno argentino precisó que es legalmente inapropiado declarar a un país en desacato.

La responsabilidad internacional de Estados Unidos en ningún modo puede eximirse por el actuar de su Poder Judicial, dado que, según principios del derecho internacional, un Estado debe responder por los actos u omisiones cometidos por cualquiera de sus órganos, señaló en la carta a Kerry.