La Cámara de Diputados ha desechado las solicitudes de juicio político presentadas en esta legislatura debido no sólo a fallas en el procedimiento, sino a la política de la subcomisión de Examen Previo –encargada de revisar los expedientes– de no afectar a los funcionarios.

Desde la creación de la subcomisión, en octubre de 2012, el presidente de esa instancia, José Rangel Espinosa (PRI), señaló: A diferencia de otras comisiones, espero que en ésta prácticamente no haya que hacer, porque finalmente todos los servidores públicos son nuestros compañeros y no quisiéramos vernos en ninguna circunstancia que los pudiera poner en un predicamento.

Dos casos recientes fueron desechados porque el PAN y Movimiento Ciudadano los solicitaron mediante punto de acuerdo y no con oficio dirigido a la secretaría general, que a su vez debe turnar las peticiones a las comisiones de Gobernación y Justicia, la cual después las envía a la subcomisión referida.

El PAN solicitó enjuiciar a Miguel Ángel Mancera por la irrupción de maestros a San Lázaro durante la discusión de la reforma educativa, y Movimiento Ciudadano al ex consejero electoral Sergio García Ramírez por su voto en la discusión por la triangulación de recursos de la campaña presidencial del PRI en 2012 por conducto de Banca Monex. Además, la semana pasada, organismos defensores de derechos humanos solicitaron juicio político contra el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva.

El coordinador de los diputados perredistas, Miguel Alonso Raya, expuso que el desafuero de funcionarios se ha realizado de manera selectiva y recordó que así ha ocurrido desde el juicio político al ex director de Petróleos Mexicanos Jorge Díaz Serrano.

Desde entonces, añadió, sólo se ha quitado el fuero a Andrés Manuel López Obrador y René Bejarano “y se archivaron casos graves como el de Vicente Fox, Roberto Madrazo Pintado, el ex gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz (actual delegado del PRI en Quintana Roo) y el góber precioso, Mario Marín Torres”.

Sólo si la subcomisión de Examen Previo considera que hay elementos suficientes, se integra la sección instructora, la cual –según la ley orgánica del Congreso– resuelve sobre imputaciones o fincamiento de responsabilidades y la declaración de procedencia, y éstas sólo pasan al pleno de la Cámara si son votadas por la mayoría de sus cuatro integrantes.

En la misma reunión de la subcomisión, como consta en la versión estenográfica, el panista Rubén Camarillo Ortega también confió en que la intervención ojalá no sea mucha, porque si tenemos mucha, quiere decir que vamos a tener casos; ojalá no los tengamos.

Domitilo Posadas (PRD) planteó que no deben repetirse desafueros como el de López Obrador, que tuvo un fin político. Y en caso de que tengamos materia para dictaminar, que invariablemente nuestras decisiones sean estrictamente apegadas a derecho, dijo.

El perredista Alejandro Carbajal también consideró que la subcomisión no debía tener materia, no porque no queramos, sino porque no haya necesidad de someter a un procedimiento a ningún funcionario, compañero diputado o gobernador. Es muy complejo.