El PRD en la Cámara de Diputados planteó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregue a la justicia civil a los ocho militares presuntamente involucrados en el homicidio de 22 personas en Tlatlaya, estado de México.

Las recientes reformas al Código de Justicia Militar, aprobadas por unanimidad en el Congreso, establecen la obligación de que los militares presuntos responsables de violaciones a los derechos humanos sean procesados ante los tribunales civiles, y no hay mayor violación a los derechos humanos que el asesinato, señaló.

Destacó que, como ha documentado Human Rights Watch, en caso de que los asesinatos hayan sido cometidos por agentes del Estado, se configura el tipo penal de ejecución extrajudicial, sancionado por todos los instrumentos internacionales e interamericanos en la materia.

También exigió a la Procuraduría General de la República (PGR) que defina las responsabilidades de los ocho militares detenidos y, en su caso, sean puestos a disposición de un juez civil.

En todo caso, la custodia de estas personas debe pasar, de manera inmediata, a esa instancia de procuración de justicia, indicó.

El jueves pasado, la Sedena informó que fueron puestos a disposición del juzgado sexto militar, y recluidos en la prisión de la primera región militar, un oficial y siete elementos de tropa que participaron en los hechos ocurridos el 30 de junio en Tlatlaya.

La Sedena explicó que la Procuraduría General de Justicia Militar comenzó la investigación por la presunta responsabilidad de los militares en la comisión de delitos contra la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes.

Ayer, el PRD manifestó que si la Sedena realiza una indagatoria independiente del proceso en la jurisdicción civil, éste debe continuar sin necesidad de que los detenidos se encuentren bajo su custodia en una prisión militar.

También consideró imprescindible, en el contexto del estado de derecho, que estos hechos sean rápidamente aclarados y, en su caso, todas las dependencias del gobierno federal asuman las responsabilidades individuales e institucionales que les correspondan.