Acapulco, Gro., 28 de septiembre.

Los 22 policías municipales detenidos por los hechos violentos ocurridos en Iguala la noche del viernes y la madrugada del sábado, en los que perdieron la vida seis personas y 17 resultaron lesionadas, fueron trasladados a Acapulco ‘‘por cuestiones de seguridad’’, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Por medio de un comunicado, la dependencia señaló que ‘‘los detenidos tuvieron que ser trasladados la noche de ayer (sábado) de la ciudad de Iguala al puerto de Acapulco, toda vez que se apreciaron movilizaciones de un número considerable de personas, algunas de las cuales manifestaron ser familiares de los probables responsables, así como de otras que no fue posible identificar, quienes se transportaban en unidades de servicio público, todas las cuales trataron de impedir la labor ministerial y amenazaron con rescatar a los indiciados, lo cual motivó que se solicitara el auxilio de las fuerzas armadas para efectuar el traslado de mérito, siendo ello hecho del conocimiento de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH)’’.

Los elementos policiacos fueron llevados a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de Acapulco para continuar con las investigaciones y recopilación de declaraciones.

Los policías son señalados como presuntos responsables de los hechos violentos ocurridos en Iguala, que comenzaron con un ataque a balazos contra estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa –de los cuales dos resultaron muertos–, y terminaron con otro ataque –también a balazos– contra integrantes de un equipo de futbol (los Avispones) que viajaban en un autobús, donde murió uno de los chicos de 14 años de edad, junto con el chofer de la unidad. La pasajera de un taxi, Blanca Montiel Sánchez, murió también en el ataque de policías y pistoleros contra ciudadanos desearmados. El cuerpo desollado de un joven, identificado este domingo como normalista, se sumó a la lista de muertos.

Las autoridades continúan las investigaciones para determinar la relación entre los distintos incidentes y la responsabilidad de los policías, mientras representantes de distintas organizaciones exigieron la desaparición de poderes en Iguala y el esclarecimiento de lo ocurrido.

También en el puerto de Acapulco, el Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (Fodeg) exigió el esclarecimiento de los hechos, mientras un grupo de ciudadanos se congregó en el zócalo con pancartas que, entre otras cosas exigian, no al paramilitarismo.

El abogado de las viudas de Aguas Blancas, José Sánchez Sánchez, exigió la desaparición de poderes del gobierno municipal de Iguala y que la Procuraduría General de la República intervenga en el caso.