Para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el municipio de Tlatlaya, donde 22 personas fueron supuestamente abatidas por militares en un enfrentamiento ocurrido el pasado 30 de junio, forma parte del corredor natural que utiliza el narcotráfico en esa región del sur del estado de México.

También, desde 2008 hay registro de una matanza de más de 20 personas y de cómo efectivos del Ejército Mexicano limpiaron la escena del crimen. El 102 batallón de infantería, dependiente de la 22 Zona Militar, con sede en Toluca, llegó a Tejupilco en 2010, otro municipio considerado uno de los centros de operación de organizaciones criminales, y en 2011 supuestamente dos militares fueron acusados de recibir sobornos de integrantes del cártel de La familia michoacana.

Fuentes castrenses señalaron que los ocho militares detenidos por su presunta participación en la muerte de 22 personas el pasado 30 de junio en una bodega del poblado de San Pedro Limón, serán sometidos a juicio en el ámbito castrense por faltas a sus deberes institucionales, y están en espera de que la Procuraduría General de la República (PGR) los requiera para que comparezcan ante el Ministerio Público Federal y se defina si las víctimas fueron ejecutadas por los soldados o murieron enfrentándose a ellos.

En la historia de San Pedro Limón se han registrado dos hechos de violencia en los que más de 20 personas han sido abatidas. El 18 de agosto de 2008, unos 20 hombres armados y presuntamente vestidos con ropa tipo militar llegaron al tianguis del poblado y abrieron fuego contra la población que allí se encontraba.

Arribaron a bordo de tres camionetas y supuestamente asesinaron a 23 personas. Posteriormente –de acuerdo con la información publicada ese año por el fallecido periodista Miguel Ángel Granados Chapa–, llegaron al lugar otros vehículos “ocupados por miembros del Ejército, quienes retiraron los cadáveres, recogieron los casquillos y limpiaron la escena.

Despojaron de sus teléfonos celulares a los espantados vecinos y visitantes, y se las arreglaron para hacerles saber que era preferible que no se supiera nada de lo ocurrido. Quizá disuadieron también al personal de la agencia del Ministerio Público, incluidos agentes ministeriales, que supieron de los hechos pero no cumplieron sus funciones, pues no se inició averiguación previa alguna.

El 14 de mayo de 2010, Guillermo Galván Galván, entonces secretario de la Defensa Nacional, aseguró que se instaló el 102 batallón de infantería como resultado de un análisis de la situación que se vive en esta entidad, toda vez que el narcotráfico emplea este corredor natural para conectarse con otras regiones y llevar a cabo el trasiego de drogas ilícitas.

En la ceremonia de inauguración de las instalaciones de dicho batallón, el jefe militar aseguró que ahora contaremos con efectivos militares acordes para combatir este flagelo de la sociedad que intenta arraigarse en esta área y acrecentar sus actividades delictivas, que incuestionablemente dañan a la población, pero sobre todo a la juventud y la niñez.

De acuerdo con los registros de la Sedena, desde 2012 el comandandante de la 22 Zona Militar y mando regional del 102 batallón de infantería es el general José Luis Sánchez León, quien laboró en el Estado Mayor Presidencial y en 2005 era jefe de la sección quinta y encargado de la seguridad del Ejecutivo federal.

En diciembre de 2013, la PGR ejercitó acción penal contra cuatro integrantes de ese batallón por haber abatido a cuatro funcionarios de Arcelia, en Guerrero, entre ellos el director y el subdirector de Tránsito de ese municipio cercano a Tlatlaya; los hechos fueron confirmados por medio de un comunicado de prensa emitido por el gobierno guerrerense.