Después que La Jornada publicó ayer diversas fotografías de los 22 asesinados por el Ejército en el caso Tlatlaya, Human Rights Watch (HRW) y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) coincidieron en la gravedad del hecho y señalaron que si se llegara a demostrar que fueron víctimas de una ejecución extrajudicial, los gobiernos, dependencias y organismos que han apoyado la tesis del enfrentamiento caerán en el descrédito por encubridores.

En entrevistas por separado, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de HRW, y Édgar Cortez, investigador del IMDHD, también señalaron que las fotografías de la agencia MVT, publicadas por este medio, fortalecen la versión del ajusticiamiento.

El directivo de HRW resaltó que de haber habido una ejecución, entonces estamos ante una de las masacres más graves cometidas por el Ejército mexicano en los tiempos recientes, tanto por el número de víctimas como por la descripción de los hechos. Si es así, estamos frente a un hecho de gravedad extrema, no conocida en México en tiempos recientes.

Apuntó que lo preocupante no sólo es la masacre, sino el esfuerzo hecho durante casi tres meses para encubrir estos hechos. Si no fuera por el periodismo y la presión internacional, creo que estaríamos ante la porfiada versión oficial que intenta más bien evitar la justicia, distorsionar los hechos y proteger a los culpables. Aquí es tan grave la masacre como su encubrimiento, el cual debe ser investigado a fondo. Esta es una prueba de fuego para la administración de Peña Nieto, y alertó que a los gobiernos puede salir más caro haber solapado hechos, que haber reconocido los errores desde un principio.

Añadió que de demostrarse la ejecución, todos aquellos que se prestaron para el encubrimiento deben responder, porque intentaron obstruir las investigaciones judiciales para garantizar la impunidad, y acotó que lamentablemente esa es una práctica histórica del Ejército mexicano.

Cortez precisó que las imágenes “refuerzan la perspectiva de que no hubo enfrentamiento, sino una ejecución extrajudicial por el Ejército”, y de ser así sería reprobable la omisión deliberada de las instituciones de procuración de justicia”, tanto federales como del estado del México, por haberse sumado a la versión oficial del Ejército de que habría habido un enfrentamiento. Acotó que también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que se ha pronunciado por esa tesis, saldría reprobada.

Señaló que ante estas evidencias, la investigación del caso debe ser ahora rigurosa y objetiva, pero también de cara a la sociedad, y señaló que lamentablemente en el Ejército el ocultamiento y la tendencia a violar los derechos humanos de los civiles son prácticas instaladas en la institución.