l territorio de Mezcala, en la ribera norte del lago Chapala, en Jalisco, ocupa 3 mil 600 hectáreas de tierras comunales, además de la posesión de la isla del mismo nombre, que representa el corazón de la comunidad. La belleza indiscutible del lago más grande de México ha sido motivo de que intereses empresariales quieran apoderarse de esta comunidad habitada por indígenas coca que guarda episodios épicos de la historia de México.

Siempre en el ojo de los inversionistas inmobiliarios, la comunidad ha resistido, y por eso obtuvo el pasado 25 de septiembre una victoria frente a los invasores, con la sentencia del Tribunal Unitario Agrario que ordenó la restitución de aproximadamente 10 hectáreas que se encontraban invadidas por Crescenciano Santana, prestanombres del empresario Guillermo Moreno Ibarra.

Orgullosos de su historia, los comuneros de Mezcala cuentan que aquí la resistencia de los insurgentes contra las fuerzas realistas, durante la guerra de Independencia, duró más de cuatro años, de 1812-1816, durante los cuales libraron alrededor de 25 batallas sin perder ninguna. Hoy es la conciencia sobre su pasado lo que los impulsa a enfrentar a uno de los empresarios más poderosos del estado, quien se había apoderado de tierras del predio El Pandillo, donde construyó una casa de descanso que prestaba a las familias acaudaladas de Guadalajara.

Los pobladores originales de la ribera de Chapala quedan cada vez más encapsulados por la migración extranjera a estas tierras. A unos kilómetros de Mezcala, por ejemplo, se encuentra la comunidad de Ajijic, ejemplo y modelo de la invasión y colonización actual. Es el lugar con mayor número de residentes estadunidenses en México, que a su vez es el país con más estadunidenses en el mundo. Aquí el segundo idioma es el inglés, y el pueblo, por supuesto, ha cambiado su apariencia y cultura en los últimos 25 años.

Para no acabar como en Ajijic, los coca de Mezcala empezaron en 1999 la lucha jurídica para recuperar sus tierras, y en todos estos años la reacción de Moreno Ibarra, por medio de su prestanombres, siempre fue armada. Quince años después la alegría reina en el poblado, aunque muestran desconfianza en el cumplimiento de la sentencia, pues los invasores aún pueden interponer un recurso de inconformidad, a resolverse en tribunales federales en el transcurso de tres a seis meses. De cualquier forma, dice Rocío Moreno, historiadora y comunera coca, la resolución es un paso grande que la comunidad necesitaba, porque cada vez veíamos más difícil obtener una resolución positiva.

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