Organizaciones no gubernamentales (ONG) presentaron ayer ante la Cámara de Diputados una demanda de juicio político contra el ómbudsman Raúl Plascencia Villanueva, señalando que ha faltado a su mandato de defender a las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Las ONG están aglutinadas en el Comité Ciudadano para el rescate de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La demanda –suscrita por el ex sacerdote Alberto Athié, el poeta Javier Sicilia, el subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón; la directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Rocío Culebro, y el cura Alejandro Solalinde, de Hermanos en el Camino, entre otros 80 ciudadanos y organizaciones– sostiene que los dos argumentos fundamentales que sustentan la petición son las gravísimas omisiones de la CNDH frente a innumerables violaciones de los derechos humanos en México y la utilización de la institución a modo y para fines distintos a la defensa de esas garantías.

Édgar Cortez, investigador del IMDHD, aseveró que Plascencia Villanueva, más que como ómbudsman, se ha desempeñado como funcionario de gobierno o procurador estatal y ha sido indiferente ante las víctimas de atropellos a sus garantías, por lo cual no debe ser ratificado para un segundo periodo al frente de la CNDH.

Agregó que un ejemplo de esa actitud es el caso de Tlatlaya, sobre el cual Plascencia mencionó que se trató de un enfrentamiento entre militares y civiles.

Pone por delante las conclusiones antes de la investigación, la cual, admite, se está iniciando. Esta es una postura claramente del lado de la versión oficial.

Las organizaciones criticaron a Plascencia y su antecesor por la falta de firmeza ante la violación de derechos humanos por integrantes del Ejército.

Esto se coloca en esa posición de decir que no hay responsabilidad del Ejército, lo que es muy grave, y lo es también que el titular de la CNDH se asuma como un funcionario público más que actúa en función de la defensa del discurso oficial, y no de la protección de los 22 ejecutados. Debería garantizar una investigación objetiva e imparcial que diera certeza y no este tipo de afirmaciones que alimentan todavía más la desconfianza en la institución.

Sobre la demanda de juicio político –signada también por la Casa del Migrante de Saltillo, Católicas por el Derecho a Decidir y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, entre otros las agrupaciones–, afirma que la CNDH ha sido omisa ante las 70 mil personas asesinadas entre 2006 y 2012, así como en relación con los migrantes secuestrados, desaparecidos, extorsionados, sometidos a trata y reclutados por el crimen organizado, además de las 1.6 millones de víctimas de desplazamiento forzado por la violencia.

Luego de una extensa lista de omisiones, exponen algunos asuntos con manejo a modo, entre ellos el del general Tomás Ángeles Dauahare y otros jefes militares acusados de oídas por testigos protegidos; el caso de cuatro civiles en Rosarito, Baja California, detenidos ilegalmente y torturados para que confesaran crímenes que no cometieron y los de Florence Cassez Crepín e Israel Vallarta Cisneros.