Las modificaciones a las reglas del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) triplicarán montos autorizados para que los burócratas adquieran créditos para comprar casas o departamentos de hasta 5 millones de pesos, aseguró Isaac Memun Elías, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) para el Valle de México.

Los trabajadores del Estado tienen una capacidad mayor y ahora se permitirá que a su salario base se sume ingresos adicionales. Eso permitirá aumentar su capacidad de crédito hasta un millón o millón y medio de pesos. Realmente hay trabajadores del gobierno federal que van a poder tener créditos de hasta 4 y 5 millones de pesos porque algunos reciben más de sus ingresos adicionales que de sus propio salario base, dependiendo del trabajo que tenga, entonces se le puede triplicar su capacidad de crédito, explicó Memun Elías en la reunión plenaria del organismo.

Anunció también que Fovissste determinó que los créditos que no sean ejercidos en un mes por los trabajadores que salieron sorteados, se darán a quienes siguen en la lista para que no se pierdan.

Por otro lado, el dirigente de los empresarios inmobiliarios metropolitanos criticó los plazos que marca el Programa Crezcamos Juntos para que las personas que trabajan en la economía informal accedan a un crédito para vivienda.

Este programa lo que va a permitir es que las personas que son informales, que no son asalariados, puedan crear su propio crédito haciendo aportaciones de 10, 15, 20 ó 25 por ciento de sus ingresos para que, en determinado tiempo, cuenten con una calidad crediticia que les permita que se les dé un crédito tanto de la Secretaría de Hacienda, Infonavit y el IMSS. Pero plantean cuatro bimestres de cotización y realmente pensamos que es un plazo muy corto para que estas personas puedan calificar para un crédito, indicó.

En la reunión de la Canadevi- Valle de México prevalecieron las quejas de su consejo directivo y asociados sobre los 18 meses que lleva suspendida la Norma 26 en el Distrito Federal, que regulaba la construcción de vivienda de interés social con un tope de 30 salarios mínimos.

Memun Elías recordó que en la Ciudad de México y en su zona metropolitana hay 800 mil familias que carecen de vivienda, de las cuales 250 mil son del Distrito Federal, pero con la suspensión de dicha norma, que data de 1997, alertó que las empresas no están invirtiendo y los capitales se están yendo de la ciudad.