La Cámara de Diputados solicitó ayer a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a la Secretaría de Medio Ambiente y otras dependencias gubernamentales competentes, revisar y determinar si la construcción de una presa en el rancho del gobernador del estado, Guillermo Padrés Elías, se encuentra dentro de la legalidad.

Asimismo, solicitan que se investigue el origen de los recursos utilizados para la obra y si la fractura reportada el sábado pasado en la cortina fue provocada, pues, según vecinos del lugar, fue ocasionada por dinamita.

El diputado priísta Antonio Astiazarán Gutiérrez dijo que romper el dique y permitir nuevamente el flujo de agua en el río Bacanuchi no extingue la responsabilidad por las obras efectuadas. Por eso es importante que la autoridad competente se pronuncie sobre su legalidad, pues se impidió el paso del líquido y ello derivó en la escasez del mismo, así como en pérdidas económicas sin precedentes para los productores de la región.

Expresó que las sospechas sobre la ilegalidad del embalse y el origen de los recursos utilizados para su edificación no podrán ser eliminadas por actitudes dilatorias o distractoras del gobernador.

En defensa del mandatario, el diputado panista David Cuauhtémoc Galindo demandó que se investigue a todos los que presuntamente han hecho obras sin los permisos correspondientes. De esta manera, pidió que se averigüe el estatus legal de la presa del dirigente del PRI en Sonora, Alfonso Elías Serrano, y la del rancho del diputado Samuel Moreno Terán, coordinador del grupo parlamentario del tricolor en el Congreso local.

Preguntó si acaso esos embalses no los detecta el satélite de David Korenfeld, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en alusión a que el de Padrés es observado con ese tipo de instrumentos. Pidió que no se desvíe la atención del derrame tóxico provocado por la negligencia del grupo encabezado por Germán Larrea y la complicidad del gobierno federal.

Pesa más la necesidad y el sufrimiento que padecen 22 mil ciudadanos afectados por el siniestro ecológico que la ambición política y desmedida de gobiernos que no atienden con responsabilidad lo que la ley les marca, enfatizó.

Alfonso Durazo, de Movimiento Ciudadano, se sumó al llamado a investigar represas construidas en ranchos de priístas, y expuso que el caso de Padrés se ha convertido en un juego de dimes y diretes que responde a los intereses políticos del PRI y el PAN.

No hay duda sobre los niveles de corrupción que privan en el gobierno del estado y que éste se encuentra en manos de una banda de cleptómanos, dijo, pero pidió no olvidar que el gran problema de Sonora es la gravísima contaminación provocada por el Grupo México.

Lilia Aguilar, del Partido del Trabajo, dijo a su vez que al dejar sin agua a los sonorenses Padrés ha demostrado que no gobierna para la ciudadanía, sino para beneficio propio. La presa, que fue defendida por el líder nacional del PAN, Gustavo Madero, pone en evidencia su voracidad y falta de sensibilidad.