Mexicali, BC, 21 de septiembre.

En una operación de la Policía Estatal Preventiva (PEP) realizada el 26 de septiembre de 2012 Adrián Vázquez Lagunez fue detenido supuestamente por conducir un auto robado. Resultó con siete costillas rotas, perforación de un pulmón y estallamiento de vejiga producto de una golpiza, y debió ser operado de emergencia en el hospital general de Tijuana.

Dos años después, el dictamen de peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que supuestamente aplicaron el primer Protocolo de Estambul resolvió que en Baja California la tortura no existe. El dolor físico y mental infligido al detenido por los policías se debió a uso excesivo de la fuerza pública, no a tortura.

La abogada Sandra Esquer, defensora de Vázquez Lagunez, dijo que los resultados del protocolo son un mensaje de impunidad y prueban la complicidad y los mecanismos de la violencia institucionalizada. Además, dijo, hacen evidente que la actuación de la PGJE se ha convertido en un instrumento de procuración y administración discrecional de la justicia.

A Vázquez Lagunez, de 30 años y originario de Veracruz, mandos y agentes de la PEP lo acusaron de ser Gonzalo Inzunza Uriarte, alias El Macho Prieto, lugarteniente de Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa; además, le sembraron armas y 26 dosis de droga.

Aunque se informó oficialmente que el Macho Prieto murió en un enfrentamiento ocurrido en Sonora en diciembre pasado, Vázquez Lagunez cumplirá el próximo 26 de septiembre dos años en el penal de El Hongo, en Tecate.

Su caso es uno de los siete documentados por Amnistía Internacional sobre tortura, desapariciones forzadas y fabricación de delitos que fueron presentados por organizaciones civiles, entre ellos la Comisión Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, ante la Corte Penal Internacional.

Las agrupaciones documentaron 36 casos de tortura en Baja California, cuyas autoridades han sido acusadas de crímenes de lesa humanidad que investiga el Tribunal de La Haya.

El Protocolo de Estambul se aplicó dos años después de la detención, con el argumento de que no había recursos económicos ni especialistas para tal fin. Expertos de servicios periciales de la PGJE advirtieron la inexistencia de huellas de golpes o violencia en Vázquez Lagunez, a diferencia de los dictámenes médicos del sector salud, la PGJE y Procuraduría General de la República del último trimestre de 2012, que constan en el expediente judicial.